Por: Redacción/

La Senadora del Grupo Parlamentario del PRI (GPPRI), Claudia Edith Anaya Mota, presentó la denuncia formal ante la Secretaría de la Función Pública en contra del Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, luego de que el pasado viernes mostrara un video a través de su cuenta de Twitter, donde el funcionario bajo protesta de decir verdad, mintió durante su comparecencia del 5 de noviembre de 2019 ante el Senado de la República, donde explicó el operativo fallido para detener a Ovidio Guzmán (hijo del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”).

En aquella fecha, el Secretario aseguró: “Nadie decidió liberar a Ovidio. Nunca contamos con la orden de detención porque en el momento que ésta se plantea a las instancias correspondientes, empieza la movilización criminal en Culiacán y rápidamente aquello se volvió prácticamente inmanejable…Los integrantes del Gabinete de Seguridad -mi Almirante Ojeda, el General Sandoval y un servidor– tomamos la decisión, de común acuerdo, del repliegue de nuestro personal, aún y cuando no fuese posible, en virtud de las circunstancias, de llevar detenido al perseguido”.

Éstas declaraciones del Secretario Durazo, contradicen lo expresado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia del pasado 19 de junio donde aseguró: “Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente”.

En consecuencia, la Senadora de la República aseguró que el Secretario Alfonso Durazo violó la Ley General de Responsabilidades Administrativas al no desempeñar su cargo con honradez y objetividad al mentir u omitir información al Senado de la República, causando así un grave perjuicio al servicio público; violó el cuarto párrafo del artículo 16 constitucional al no poner al inculpado (en este caso a Ovidio Guzmán) ante un Juez y además, la actuación del titular de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, “configura un acto delictivo sancionado entre 6 meses y 9 años de prisión acorde con el Código Penal Federal, al poner en libertad al presunto delincuente aun cuando ya había sido detenido”.

Por lo anterior, la Senadora Claudia Anaya solicitó a la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, realizar las investigaciones correspondientes y sancionar conforme a derecho, los actos y omisiones llevadas a cabo por el funcionario federal y en su caso, ejecutar las sanciones que le correspondan.