Por: Redacción/

El senador del PRD, Antonio García Conejo, propuso sancionar con tres a cinco años de prisión, multa de cincuenta a quinientas Unidades de Medida y Actualización (UMA), y en su caso, destitución o inhabilitación a los servidores públicos que de manera dolosa incumplan con una sentencia de amparo.

“El cumplimiento de una resolución de amparo puede implicar la participación de diversos factores administrativos o jurídicos que pueden estar lejos de la voluntad de la autoridad responsable. Y en la aplicación de la sanción, debe valorarse esta circunstancia”, dijo.

La iniciativa contempla reformar el artículo 267 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que las penas vigentes son “excesivas y desproporcionadas en comparación con la comisión de otros delitos similares y no garantiza una mayor eficiencia en la ejecución de las sentencias.”

Actualmente, el Artículo 267 de dicha ley establece que a quien incumpla una sentencia de amparo se le “impondrá pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, y en su caso, destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo”.

El senador del PRD precisó que para evitar que los funcionarios vulneren las determinaciones de la autoridad judicial, “debe hacerse mayor énfasis en las sanciones pecuniarias tomando en consideración que el incumplimiento sancionado en la Ley de Amparo en cuestión, puede dar lugar al procedimiento administrativo sancionador, donde ya se encuentra prevista la posible destitución del servidor público”.

La iniciativa, a la que se sumó la senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado Castro, fue turnada para su análisis a las Comisiones de Justicia y Estudios Legislativos Segunda.

Antonio García Conejo también se reunió con integrantes de la Red Nacional de Alcaldes de Pueblos Mágicos, quienes manifestaron su inconformidad por el recorte presupuestal que el Gobierno Federal realizó a este programa y plantearon crear una comisión para dar seguimiento a sus demandas.

El también presidente de la Comisión de Turismo en el Senado, destacó que el programa Pueblos Mágicos permitía a las comunidades acceder a recursos para mejorar su imagen urbana e infraestructura.

Recordó que en octubre del año pasado presentó un punto de acuerdo “solicitando que se asignara para el programa Pueblos Mágicos el mismo presupuesto otorgado en años anteriores y que ascendía a mil 571 millones de pesos”.