Por: MUGS/Redacción

El vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Raúl Flores, anunció que a fin de evitar fraudes por parte de constructoras y desarrolladores inmobiliarios, propondrá una iniciativa de reforma a la Norma 26 que obligue que todos aquellos inmuebles que se vendan a través de dicho ordenamiento tengan un “tatuaje jurídico” que los identifique de manera plena como vivienda de interés social.

Ante más de 200 proyectos inmobiliarios que ya son investigados por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) por posibles irregularidades en la aplicación de la Norma 26, entre las que destaca la venta de vivienda de interés social a precio de vivienda residencial, que resulta inalcanzable para la mayoría de la población capitalina, el legislador adelantó que plantearán ante el pleno de la ALDF la creación de una especie de “candado” ante el Registro Público de la Propiedad que evite el engaño a los adquirientes de vivienda.

“Que en el folio real de la vivienda se marquen las características de la vivienda, ya sea de costo bajo, medio o alto, con lo que estaríamos posibilitando que ya no puedan venderlas a otro precio al hacer el traslado a las notarias”, dijo al término de la sesión ordinaria del día de hoy.

“Yo no veo cómo puedan estar en desacuerdo (los constructores), porque eso le daría certeza y propiciaría una autorregulación del mercado; es decir, si hacemos el tema de la nota en el folio real de la propiedad ya no hay posibilidades de que alguien se salte la norma. Es decir, lo relativo a los costos que debe tener la propiedad”, expuso.

Raúl Flores apeló a la voluntad política de las fracciones parlamentarias para la aprobación de dicha propuesta, pues dijo que si hay reglas claras ello impactaría de manera positiva el régimen de propiedad y a la vez se cuidaría el uso social del suelo para evitar su encarecimiento.

El diputado perredista urgió a destrabar la norma “ya” pues, dijo, la ciudad no puede paralizar la construcción de viviendas de interés popular que miles de familias están esperando.

“No podemos esperar hasta la creación de la nueva Ley de Desarrollo Urbano. Esto necesitaría impactar de manera inmediata la Ley de Desarrollo Urbano vigente para que queda ahí establecido y después las leyes que regulan la propiedad en el Distrito Federal, en este caso la del Registro Público de la propiedad”, finalizó.