Por: Roberto Barco

Como resultado de trabajos de investigación en seguimiento al secuestro de un estudiante, ocurrido en el Estado de México en enero del presente año -y que fue liberado- elementos de la Policía Federal detuvieron a tres probables secuestradores que operaban en el Estado de México y el Distrito Federal, mismos a quienes se relaciona con cuatro averiguaciones previas por otros plagios.

Con el fin de identificar el modo de operar de los presuntos delincuentes, los efectivos desplegaron vigilancias fijas y móviles; esto permitió conocer que los sujetos daban seguimiento a las actividades y rutinas de potenciales víctimas, para luego interceptarlas y mantenerlas en cautiverio.

MARIO ALBERTO ARMAS BADILLO

Las investigaciones hicieron posible que los policías federales ubicaran a dos de los sujetos mientras se trasladaban en un vehículo hacia el municipio de Ixtapaluca, Estado de México. Ahí fue detenido, sin realizar disparo alguno, quien dijo llamarse Mario Cenón Armas Badillo, de 34 años, identificado como el responsable de coordinar la logística de los secuestros.

Cabe señalar que el sujeto es además investigado por su probable participación en diversos secuestros y homicidios ocurridos desde 2013; y se le relaciona con otro grupo delictivo que operaba en el Estado de México, cuyos integrantes fueron detenidos por la Policía Federal en abril de 2014.

MARIO CENÓN ARMAS BADILLO

En la acción también se detuvo a su acompañante, quien se identificó como Mario Alberto Armas Badillo, de 24 años, presunto encargado de interceptar y custodiar a las víctimas durante su cautiverio.

Como parte de la misma investigación, los elementos se trasladaron a la delegación Iztapalapa en el Distrito Federal, donde detuvieron a Alejandro Ceballos García, de 36 años, quien fungía como el responsable de realizar las llamadas de negociación con los familiares de las víctimas, así como de realizar los cobros de rescate.

Los tres detenidos, así como dos armas de fuego, diversos cartuchos útiles, un vehículo y dos equipos de telefonía móvil, quedaron a disposición de la autoridad ministerial adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organiza (SEIDO) para deslindar responsabilidades.