Por: Redacción

La pobreza en México ha propiciado que decenas de menores de edad abandonen la escuela por falta de recursos, debido a que la Reforma Educativa impuso la práctica cotidiana de entrega de cuotas voluntarias o donaciones, lo que contraviene la gratuidad de la educación establecida en la Constitución Mexicana. De ahí la urgencia de modificar la Ley General de Educación para especificar que éstas no se entenderán como contraprestaciones de la enseñanza.

Lo anterior se desprende de una iniciativa del diputado Cuitláhuac García Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, para reformar el Artículo 6 de dicha ley, con el objetivo de que se precise con toda claridad que la educación que imparte el Estado no deberá significar ningún desembolso para las familias mexicanas.

Esta iniciativa fue presentada el pasado 19 de julio ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión por la diputada Rocío Nahle García, Coordinadora de esa bancada, quien explicó que en muchas ocasiones las autoridades de las escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria utilizan la Ley General de Educación para condicionar el servicio educativo a cambio de pagos o equivalentes en especie.

“Cada año, en el momento de abrir los periodos de inscripción en todos los niveles de educación básica, las autoridades escolares condicionan el registro de ingreso de los estudiantes al pago de cuotas voluntarias, o en las ventanillas escolares son exigidas como parte de la inscripción y para trámites de constancias, certificados y otros servicios escolares”, puntualizó.

La legisladora federal por Veracruz subrayó que la gratuidad de la educación es una conquista del pueblo y resultado de múltiples luchas sociales y políticas, por lo que no se pueden imponer cuotas voluntarias o donaciones a cambio de otorgar el servicio educativo, porque los más perjudicados son aquellos que carecen de recursos.

En tribuna, Nahle García comentó que recientemente el Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, expresó que existe la posibilidad de que el Gobierno Federal otorgue apoyo a los jóvenes rechazados de la educación superior, para que puedan acceder a escuelas privadas.

“Sin embargo, sería mejor abrir más universidades públicas, ampliar la matrícula en las instituciones ya existentes y, en todo caso, optimizar el uso de recursos etiquetados para la educación de los jóvenes mexicanos”, concluyó.

La iniciativa del Cuitláhuac García fue turnada para su dictamen a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.