Por: Redacción/

El diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas (PAN) promueve una iniciativa que reforma la Constitución a fin de facultar al Congreso de la Unión para expedir la legislación única en materia de derechos, atención y reparación integral de las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos.

“Es fundamental garantizar los derechos de las víctimas y su correcta implementación en todo el país, pues son un segmento poblacional de alta vulnerabilidad y que, cada día crece más”, señaló en un comunicado.

Recordó que la Encuesta Nacional sobre Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2020 (Envipe), levantada por el Inegi, muestra que en el año 2019 hubo 22.3 millones de víctimas del delito, lo que implica una tasa de 24,849 víctimas por cada 100 mil habitantes.

Agregó que si se suman las personas que declararon haber sido víctimas de un delito desde el año 2012, encontramos que 186.8 millones de personas se han declarado como víctimas en solo ocho años; esto es más que la población total del país de acuerdo con el censo del año pasado.

Sostuvo que el panorama de las víctimas en México es preocupante porque hay desorden normativo e institucional y disparidad en la implementación, además, se suma que los últimos años la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Federal ha caído en una crisis institucional y presupuestal que la ha llevado a enfrentamientos graves con las propias víctimas.

“Ante este panorama bien puede afirmarse que los derechos de las víctimas están pasando por una seria crisis que ha de ser atendida por una política de Estado para las víctimas y con ellas armonizadas, sistematizadas y coordinadas”, apuntó.

Asimismo, indicó que la atención que debe garantizar el Estado a todas las personas que se encuentran en situación de víctima que establece que la Ley General de Víctimas debe armonizarse en cada entidad federativa.

Arriaga Rojas comentó que el diseño constitucional de esta materia parte de la idea que existen víctimas de los fueros federal y común y por ello, deja que las entidades federativas legislen para armonizar su ley local con las disposiciones de la legislación federal.

En caso de incumplimiento por parte de las entidades federativas en la labor de garantizar estos derechos, destacó, las víctimas pueden acudir a la instancia federal para que se les brinde la atención, pero ésta es limitada, es decir, se prevé un principio de atención subsidiaria con ciertas restricciones, lo que termina por no solucionar el problema y muchas veces hasta lo agrava.

Esto, apuntó, ha generado que las víctimas sufran un eterno peregrinar para recibir la atención que merecen, creando víctimas de primera y de segunda clase, pues no todas pueden gozar del respeto de sus derechos por parte de autoridad.

“Es cierto que los últimos años se ha dado una mayor actividad legislativa tendiente a expedir leyes de víctimas locales, pero muchas de ellas no están armonizadas con la Ley General, y otras tantas no adoptan los derechos y el esquema institucional necesario para garantizar dichos derechos y muchas más ni siquiera tienen apoyo presupuestal para ser efectivamente implementadas”, afirmó.

En ese sentido, el panista aseguró que con su propuesta se daría un paso muy grande hacia la consolidación de un régimen de derechos para todas las víctimas, eliminando las diferencias injustificadas e irrazonables que existen actualmente.