Por: Redacción/

La diputada Abril Alcalá Padilla, del PRD, presentó un punto de acuerdo para exhortar a los 31 gobernadores de las entidades federativas y a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, a que garanticen la salud de las y los trabajadores de limpia, barrenderos y recolectores de basura o residuos, sin importar nivel o dependencia, durante el combate de la pandemia de Covid-19 y doten con Equipo de Protección Personal (EPP) indispensable para desempeñar sus actividades.

Estos trabajadores son quienes mantienen limpias nuestras calles, los edificios municipales, las oficinas de altos representantes de cada Estado, se les debe otorgar el EPP, dado que tienen una exposición directa con la enfermedad e interactúan con la población durante su rutina diaria, señaló la legisladora en el documento que presentó ante la Comisión Permanente.

Insistió en la necesidad de tomar las medidas correspondientes, debido a que por cada caso positivo hay riesgo de que de una a tres personas resulten contagiadas (de 1.4 a 2.5 personas).

Advirtió que de no invertir en la adquisición de equipo de protección para este sector de trabajadores, se afectaría de manera directa a la población, mermaría la confianza hacia las autoridades, complicaría la gestión de la emergencia sanitaria e, incluso, podría colapsar el sistema de salud.

Hizo hincapié en que debe ser una prioridad dotar de estos insumos al personal, para que las cuadrillas y equipos de limpieza puedan continuar con dicha labor con la mayor normalidad posible durante el escenario de riesgo de salud en el que nos encontramos.

La legisladora perredista señalo que por la demanda de este tipo de productos, se ha presentado escases y ha provocado que los precios se hayan elevado, además de que países productores como Alemania, donde se han implementado medidas proteccionistas para evitar la salida de ese tipo de materiales.

Insistió en que las autoridades no deben poner excusas para garantizar la proveeduría de los insumos de protección en favor de que las y los mexicanos, pues una cantidad importante de trabajadoras y trabajadores del estado siguen con sus actividades para mantener en función los programas sociales y otros esenciales durante la crisis sanitaria.

El punto de acuerdo fue turnado para sus análisis a la Segunda Comisión de la Permanente del Congreso.