Por: Redacción

En México existen alrededor de 20 mil niños huérfanos debido a la guerra contra el narcotráfico, y su situación se agrava porque son blanco fácil para enrolarse en alguna banda de la delincuencia organizada, advirtió la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del PAN.

Ante ello “es necesario que el gobierno federal promueva acciones de protección y atención para todos estos huérfanos”, mediante ayuda psicológica, acceso a la salud, educación en todos los niveles, apoyo económico y acciones de corte social que garanticen el apoyo a estos menores, subrayó la legisladora.

En un punto de acuerdo que fue publicado en la Gaceta del Senado, el 14 de septiembre, solicita que en primer lugar la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) brinde atención, a través del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, a los niños que quedaron huérfanos a causa de la masacre suscitada el 18 de marzo del 2011, en el municipio de Allende, Coahuila.

Además, pide que la CEAV presente ante el Senado de la República un informe de las acciones realizadas para la atención a las víctimas, niños y adultos, que fueron afectados por dicha masacre.

La senadora Garza Galván subrayó la necesidad de que adicionalmente se realice un registro nacional de los niños en estado de orfandad pues, de acuerdo a especialistas, el número se ha incrementado debido a la creciente violencia que se vive en el país.

“¿Qué pasa con los niños que no se encuentran institucionalizados? Lo cierto es que no se sabe cuántos existen en México, pero sobre todo cuántos viven sin protección. Seguimos sin un sistema de información que pueda decirnos en qué condiciones viven y cuántos son los huérfanos producto de la guerra contra el narcotráfico”, sostuvo.

Los expertos, concluyó la legisladora, indican que están institucionalizados –atendidos por una institución pública– un gran número de niños, niñas y adolescentes en albergues, centros de protección especial y hogares sustitutos de manera indefinida, algunos sin los procedimientos debidos, con lo que se atenta sustancialmente contra sus derechos humanos elementales.