Por: Redacción/

La reiterada renuencia a allegar justicia a las víctimas de delito y su obstinación en garantizar impunidad a presuntos delincuentes, como lo muestra el caso “Tlatlaya”, es otra razón por la cual ni la estructura ni el responsable de la Procuraduría General de la República (PGR) deben trascender a la Fiscalía General de la República, afirmó el diputado Omar Ortega.

Refirió, al respecto, que el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México ordenó a la PGR investigar la posible implicación de militares en la ejecución extrajudicial de al menos 12 personas en San Pedro Limón, municipio mexiquense de Tlatlaya, el 30 de junio de 2014, pero la dependencia a cargo de Raúl Cervantes Andrade, en lugar de cumplir la instrucción, la impugnó para rehuir de su responsabilidad.

Ante la contumacia de la PGR y su titular a investigar y procurar justicia –como legalmente le corresponde-, Ortega Álvarez propuso a la Cámara de Diputados que los exhorte a acatar la orden judicial, especialmente respecto al esclarecimiento del número de personas ejecutadas arbitrariamente, la alteración de la escena del crimen, el origen de la orden para “abatir delincuentes en horas de la obscuridad” y la cadena de mando existente en ese momento.

Mediante una propuesta de punto de acuerdo, agregó que en la investigación y las respectivas diligencias que se realicen en acato a este orden deben garantizarse la participación activa de la víctima a través de sus representantes.

Precisamente la orden del mencionado Juzgado derivó de un amparo de la justicia federal a una de las sobrevivientes y testigo de los hechos.

En su resolución, el Juez considera que la PGR no ha investigado exhaustivamente, por lo que le instruye a ampliar sus indagatorias sobre la implicación de militares para establecer “si “existe alguna otra indagatoria que aún no haya sido consignada y, que con el fin de unificar la investigación de los hechos”, pueda ser acumulada a la que integra. 

Para el juzgador, es evidente el incumplimiento de la PGR en las investigaciones de los hechos, el origen de la orden militar que instruía “abatir delincuentes en horas de la oscuridad y la cadena de mando vigente durante la participación de los militares en los acontecimientos.

“De esta manera, una autoridad jurisdiccional federal ha ordenado al Ministerio Público realizar una investigación con la debida diligencia. Para ello fijó un plazo de 30 días a la Procuraduría para que presente un cronograma de actuaciones y cumplimiento que ayuden a esclarecer los hechos, especificando el objetivo de cada diligencia planeada”, señaló Ortega.

La PGR impugnó el amparo alegando invasión de facultades por parte del juez, desconoció la naturaleza de sus funciones en la impartición de justicia y retrasó con ello el cumplimiento de la resolución, incluso a pesar de que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría General de Justicia del Estado de México han aceptado, en respuesta a una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que el 30 de junio de 2014 se cometieron “violaciones graves”, como el que entre 12 y 15 personas, de 22 asesinadas aquel día, lo fueron a pesar de estar ya sometidas.

El legislador recordó que también actores internacionales han expresado preocupación por este uso arbitrario y desproporcionado de la fuerza, y coinciden en la necesidad de realizar una investigación rápida, independiente, seria, imparcial y efectiva para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

Entre esos actores se cuentan Christof Heyns, Relator Especial de las Naciones Unidas Sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias; Zeid Ra´ad Al Hussein, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, y Ravina Shamdasani, vocera del mismo Alto Comisionado.

“La justicia no puede ser burlada por las instituciones que buscan cobijar delincuentes. Es hora de que los responsables -sin importar a qué instancia pertenecen- de graves violaciones a derechos humanos sean juzgados para que el daño pueda reparase, y las víctimas puedan acceder a una verdadera justicia y no a más simulaciones. En este caso y en otros casos de ejecución arbitraria, el resultado nunca debe ser la impunidad”, concluyó el legislador en su propuesta a los diputados para exhortar a la PGR a procurar justicia, no impunidad