Por Vicente Flores

Después de que el Sexto Tribunal Unitario ordenara la liberación de tres militares implicados en la muerte de 22 –ocho de ellos fueron presuntamente ejecutados extrajudicialmente– civiles en Tlatlaya, Estado de México, la Procuraduría General de la República (PGR) señala que aportará pruebas que acrediten la responsabilidad de los implicados, para que éstos sean reaprehendidos y formalmente procesados.

A través de comunicado de prensa, la dependencia puntualizó que la resolución no es impugnable, pero el magistrado Adalid Ambriz Landa, titular  del Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito, radicado en Toluca, Estado de México, estableció que el acto de libertad fue dictado “sin perjuicio de que el Fiscal de la Federación aporte pruebas legalmente suficientes para reunir los requisitos legales para la emisión de un auto de formal prisión por este delito o uno diverso en torno al homicidio de referencia”.

La PGR informó que  llevará a cabo todas las diligencias que sean necesarias para aportar los elementos de prueba requeridos, a fin de evitar que los delitos cometidos el 30 de junio de 2014 en Tlatlaya queden impunes.

La dependencia federal indicó que ninguna violación a los derechos humanos puede ocurrir sin que sea debidamente investigada y castigada conforme a la ley.

En la resolución 247/2015, el tribunal determinó que los militares Fernando Quintero Millán, Leobardo Hernández Leónides y Roberto Acevedo López quedan absueltos en los delitos de encubrimiento en la hipótesis de alteración ilícita de vestigios del hecho delictivo y el homicidio de 21 hombres y una mujer ocurridos en la comunidad de San Pedro Limón.

Pero el sentido de la resolución dictada permite que el Ministerio Público de la Federación pueda consignar nuevamente el expediente ya que no se juzgó sobre su culpabilidad, sino solamente si se tenían todas las pruebas para juzgarlos.