Por: Redacción/

La Procuraduría General de la República y sus homologas estatales deberán fortalecer los programas de capacitación y mecanismos de evaluación de desempeño del personal que labora en las Agencias del Ministerio Público y los policías de investigación ministerial, a fin de que realicen sus funciones en apego a los principios que rigen el proceso de justicia penal acusatorio.

Lo anterior, a fin de generar certidumbre y confianza en las víctimas y en toda persona que participa en el proceso penal, respecto de las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia.

Los y las legisladoras señalan en el dictamen avalado que se debe continuar trabajando para ajustar el Sistema de Justicia Penal Acusatorio a las condiciones de cada entidad, de cada región y de todo el país; y subrayan que el impulso a la formación, capacitación y profesionalización de los operadores del nuevo Sistema es fundamental para el cumplimiento debido de sus funciones y así responder a la satisfacción del interés social del bien común.

La senadora Angélica de la Peña Gómez, del PRD, destacó que no se ha logrado tener una transición en muchas de las fiscalías locales que han dejado de ser procuradurías generales de justicia, o porque siguieron siendo propuestas del gobernador, o por falta de rigor de cada Congreso local para garantizar que estas fiscalías sean realmente autónomas e independientes del Gobierno como lo dice la Constitución.

Señaló que faltan los estados de Baja California, Baja California Sur, Colima, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas en lograr la transición y que a nivel nacional, la Procuraduría General de la República (PGR) tampoco ha logrado garantizar que esta transición tenga los efectos que motivaron al Congreso permanente que justamente va inscrita en las nuevas reglas del sistema acusatorio.