Rene Ortiz 

El PAN en el senado, solicitó al Ejecutivo Federal establecer “con carácter urgente” canales de diálogo de alto nivel con el gobierno y el Congreso de Estados Unidos de América, con el fin de poder revertir el recorte al presupuesto de la Iniciativa Mérida.

También, la bancada panista pidió que en un plazo no mayor a 30 días el Ejecutivo Federal informe de manera detallada el número de recomendaciones que ha recibido por violaciones a los derechos humanos, desde 2012 hasta la fecha, así como el grado de avance y/o cumplimiento de las mismas.

Recordaron que la Iniciativa Mérida fue diseñado para mejorar los programas de cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos, México y Centroamérica, en el cual el gobierno de los Estados Unidos financiaría a México y a países del sur con la finalidad de combatir de manera conjunta el narcotráfico, la delincuencia y el terrorismo.

Mencionaron que según datos de la SEGOB, de 2008 a 2014, el Congreso de Estados Unidos designó a dicha iniciativa un poco más de mil 600 millones de dólares y que de acuerdo a un informe difundido hace unos días en el congreso decidió retener 15 por los fondos para México hasta que se reciba un informe sobre el cumplimiento del Estado Mexicano en materia de Derechos Humanos.

Dicen que lo preocupante no es la entrega de recursos, sino la evidencia de que la cooperación bilateral está mal, hay frustración de Estados Unidos porque identifican una clara y persistente violación a los Derechos Humanos en el país.

Al igual señalaron que, es necesario que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dé a conocer las últimas participaciones que han tenido los funcionarios del gobierno mexicano en distintos foros y organismos internacionales, además que se detallen los avances que ha tenido nuestro país para la atención a las violaciones de los derechos humanos.

También, solicitaron al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos  (CNDH) que a la brevedad se envíe un informe sobre las recomendaciones que se han emitido al gobierno federal en materia de violaciones a los derechos humanos.