Por: Redacción

Diputados del PAN anunciaron que impulsan una reforma constitucional que adiciona una fracción al artículo 73, con el fin de expedir la Ley General de los Centros Penitenciarios.

En conferencia de prensa, el vicecoordinador de la bancada, Federico Döring Casar, dijo que se pretende facultar a la Cámara de Diputados a legislar en la materia y se pueda dar paso a lo que sería esta Ley General.

“Tenemos la primera iniciativa ya lista para ser presentada a través de la Comisión Permanente, una vez instaladas las comisiones el día de mañana (miércoles)”, anunció Döring Casar.

Comentó que se construyó conjuntamente con organizaciones no gubernamentales, en el entendido de que “estamos en un país donde el narcotraficante más peligroso y más buscado ha logrado fugarse dos veces de un penal de máxima seguridad”.

México –abundó– tiene mala nota en materia de reclusorios, “como lo que vimos recientemente en Nuevo León, con Topo Chico; o el caso de Durango, donde incluso salían los internos a prestar labor de sicarios por la noche, con equipamiento y acompañamiento de la directora del penal”.

La diputada Karina Padilla Dávila, secretaria de la Comisión de Gobernación, explicó que la finalidad es “prevenir y atender este tema del que se ha hablado durante mucho tiempo pero que poco se ha atendido, el de los derechos humanos, al interior de los centros de reclusión”.

“Estamos presentando una reforma al artículo 73 para facultar a la Cámara de Diputados a que pueda legislar en la materia y podamos dar paso a lo que sería una Ley General de Los Centros Penitenciarios”.

Esto –detalló– conlleva a tener una normatividad que permita que los centros penitenciarios en todo el país puedan contar con las reglas mínimas de derechos humanos “e incluyendo también lo que son las reglas de Van Gogh, que también son las reglas mínimas para las mujeres en los centros de reclusión”, reiteró.

Refirió que, según el último diagnóstico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), hay tres entidades federativas cuya calificación es menor de cinco puntos, mientras que en otras la mayor puntuación es de ocho.

Indicó que algunos de los aspectos referidos en el diagnóstico de la CNDH sobre los reclusorios en México son: hacinamientos; carencia o insuficiencia de actividades laborales; falta de capacitación para el trabajo; deficiente control del personal penitenciario en acciones deportivas, educativas productivas y de alimentación.

Además, carencia de programas dirigidos a la atención de adicciones o desintoxicación voluntaria; deficiencias higiénicas de materiales en área de alojamiento para internos o clasificación de los mismos; insuficiencia de personal capacitado en las áreas de seguridad y de custodia; así como deficiente o nula existencia de material y personal médico, entre otros.

“Son algunas de las situaciones que señala el último diagnóstico de la CNDH y es lo que estaremos atendiendo con la propuesta, una vez que sea aprobada la reforma constitucional, de la Ley General de los Centros Penitenciarios”, subrayó.

En la conferencia estuvieron presentes Olivia Garza de los Santos, presidenta de la Asociación Civil Modernizando el Sistema Penitenciario; y Daniela Iztel Bravo Martínez, presidenta de la Fundación Lizbeth Bravo en México, y personalidades de la sociedad civil.