Por: Oscar Nogueda/

Organizaciones mexicanas y latinoamericanas hicieron un llamado a los Congresos latinoamericanos para legislar políticas públicas, que protejan a mujeres que denuncien actos de corrupción y violaciones a derechos humanos durante y después de la pandemia de Covid 19.

Las OSC mostraron su preocupación las garantías de las mujeres que han visibilizado problemáticas en temas como la defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, acceso a servicios de salud, violación de datos personales, actos de corrupción, libertad de expresión y defensa del medio ambiente.

Algunos de los temas documentados por las organizaciones son el desabasto de equipo de protección para el personal de salud, ataques a defensoras del medio ambiente, fallecimientos de menores de edad en zonas agrícolas, perpetración de feminicidios y agresiones sexuales y mujeres presas políticas, así como privadas de la libertad.

El Barómetro Global de la Corrupción, indicó que “hay más probabilidades de que se tomen medidas a partir de la denuncia realizada por un hombre que por una mujer”, por lo que se denota la disparidad de la atención a las denuncias sin considerar origen, consumo socioeconómica o edad.

Ante esta situación, las organizaciones demandaron a los congresos y gobiernos estatales, así como municipales aumentar la participación efectiva de mujeres n las mesas de toma de decisiones para el combate a la corrupción y violaciones de derechos humanos.

También, exigieron la creación de una legislación, con intersección de género, que reconozca la figura de persona alertadora y garantizar canales seguros de denuncia.

Al mismo tiempo, las organizaciones mexicanas y latinoamericanas pidieron garantizar la protección a las mujeres alertadoras y promover la transparencia en este proceso de denuncia.

Algunas de las organizaciones firmantes son México A.C, Red de Inteligencia CO+MÚN, Fundación Ciudadanía Inteligente, Red Nacional Anticorrupción de México.