• Las organizaciones manifestaron su preocupación por la decisión tomada por la Cámara de Diputados, ya que elimina el Fondo para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas sin alternativas de garantía presupuestaria para la implementación de medidas de protección para defensores y periodistas que lo necesiten.

Por: Oscar Nogueda/

La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) lamentaron la decisión de la Cámara de Diputados sobre la eliminación del Fideicomiso del Fondo para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

La FMOPDH, CNDH y ONU-DH mencionaron Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha sido la principal respuesta del Gobierno federal al ambiente de violencia que padecen los activistas y comunicadores. Asimismo, apuntó que el Fondo para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas demostró ser un instrumento útil para la rápida implementación de las medidas de protección en casos urgentes.

“La Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, elaborada con participación de la sociedad civil, ha sido la principal respuesta institucional a esta situación de violencia y constituye un marco normativo para que el Estado cumpla con sus obligaciones de proteger, promover y garantizar la libertad de expresión y el derecho a defender derechos humanos en México. Las expresiones públicas de la CNDH y ONU-DH han destacado la necesidad de garantizar la rapidez, flexibilidad y adaptación a las circunstancias de cada caso en la decisión e implementación de medidas de protección”, mencionaron los organismos defensores.

Por ello, las organizaciones manifestaron su preocupación por la decisión tomada por la Cámara de Diputados, ya que elimina este Fondo sin alternativas de garantía presupuestaria para ejecutar las  medidas de protección  necesarias para defensores y periodistas.

Estos organismos recordaron los activistas y los periodistas enfrentan una situación de riesgo en México. Según el Observatorio de Asesinatos de Periodistas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), México es el segundo país, a nivel mundial, con más asesinatos de periodistas.

“Durante los años 2019 y 2020, México concentra 18 de los 96 casos de asesinatos de periodistas registrados por la UNESCO en dicho periodo. En 2019, la ONU-DH documentó un total de 20 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y la desaparición de dos defensores, mientras que en lo que va del año la ONU-DH ha documentado el asesinato de 7 personas defensoras de derechos humanos”, apuntaron las organizaciones defensoras.

Al mismo tiempo, los organismos precisaron que México ha recibido 425 recomendaciones emitidas por 27 instancias de derechos humanos del Sistema Universal y del Sistema Interamericano. Estas recomendaciones están relacionadas con el derecho a la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión.

“Sólo en 2018 los países participantes en el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU realizaron 21 recomendaciones a México relativas al Mecanismo de Protección, 17 de ellas relacionadas con la necesidad de dotar al mismo de los recursos adecuados para garantizar su eficacia”, agregaron los organismos defensores.

La FMOPDH, CNDH y ONU-DH llamaron a garantizar  los derechos de periodistas y defensores para que cualquier reforma al marco legal mantenga o fortalezca las características de la Ley antes mencionada. Aunado a ello,  recordaron la obligación del Estado mexicano de atender a las víctimas del delito y las violaciones de derechos humanos, así como llevar a cabo la reparación integral de las víctimas.

“FMOPDH, CNDH y ONU-DH destacan que, en el caso del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a víctimas previsto en la Ley General de Víctimas, cualquier reforma al mismo debería realizarse con la efectiva participación de las víctimas, evitando cualquier riesgo de desprotección a las mismas y partiendo del diagnóstico sobre los problemas que existan actualmente en relación con la garantía de los derechos de las víctimas y la forma de abordarlos”, finalizaron los organismos defensores.