• La ONU-DH expresó su preocupación por el uso indebido de las herramientas del Estado sobre la  investigación de la delincuencia organizada y el secuestro para obtener información personal de las defensoras y la periodista.

Por: Oscar Nogueda/

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) manifestó su respaldo a la defensora Ana Lorena Delgadillo, a la perito Mercedes Doretti y a la periodista Marcela Turati por las investigaciones en su contra realizadas por la entonces Procuraduría  General de la República (PGR) en 2015 por el caso de San Fernando.

En 2015, la PGR inició una investigación contra las investigadoras por delincuencia organizada y secuestro, lo cual implicó la recopilación de  sus comunicaciones telefónicas y su geolocalización entre febrero 2015 y abril del 2016. Cabe destacar las autoridades ministeriales hicieron uso de los instrumentos legales para combatir la delincuencia organizada.

El 4 de septiembre de 2013, las autoridades publicaron un convenio de colaboración para la identificación de restos localizados en San Fernando, Tamaulipas, y en Cadereyta, Nuevo León, entre la PGR y 12 organizaciones, entre ellas el Equipo Argentino de Antropología Forense y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.  Por lo que, la Procuraduría tuvieron  reuniones con las personas investigadas y solicitaron su apoyo para el avance en la identificación de las personas asesinadas en estas masacres.

Por este motivo, el Alto Comisionado expresó su preocupación por el uso indebido de las herramientas del Estado sobre la  investigación de la delincuencia organizada y el secuestro para obtener información personal de las defensoras y la periodista. También, subrayó la importancia de un mensaje de no tolerancia de estas acciones por parte de las autoridades, mediante una investigación pronta y  determinación de responsabilidades.

“Resulta especialmente preocupante que los valiosos recursos y capacidades de investigación del Estado mexicano se desvíen hacia la investigación de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, cuando las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, como las víctimas de la masacre de San Fernando o las de desapariciones, reciben regularmente como respuesta de las autoridades a sus demandas de justicia la falta de recursos para investigar sus casos”, mencionó la ONU-DH.

El organismo internacional comentó que estos hechos, se suman al uso del malaware Pegasus en contra de activistas y periodistas. Por tal motivo, reiteró la necesidad de mayor control y transparencia para evitar abusos y violaciones a los derechos humanos.

“Instamos a las instituciones del Estado mexicano a identificar todos los casos en los que se haya hecho uso de las capacidades espionaje en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, comunicar a todas las personas afectadas estos hechos, así como el alcance de la información recabada y el uso que se dio a la misma. De igual modo, a iniciar investigaciones de oficio que permitan determinar las responsabilidades de quienes ordenaron, permitieron y realizaron este tipo de hechos”, finalizó la ONU-DH.