• En México, las defensoras de derechos humanos enfrentan violencia por parte de diferentes actores, incluidos ciertos servidores públicos.

Por: Oscar Nogueda/

La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó las desapariciones de las activistas Claudia Uruchurtu Cruz, ocurrida en Nochixtlán, Oaxaca, y de Grisell Pérez Rivera, ocurrida en Tlalmanalco, Estado de México.

A más de 40 días de la desaparición de las defensoras, el Alto Comisionado llamó a las autoridades mexicanas a realizar una investigación pronta e integral de estos hechos, así como lograr la localización de las activistas.

“En México, las defensoras de derechos humanos enfrentan violencia por parte de diferentes actores, incluidos ciertos servidores públicos, y ésta se ve agravada por la discriminación estructural por motivos de género. Es esencial que la búsqueda de las dos defensoras y la investigación de su desaparición incorpore la perspectiva de género”, expuso Guillermo Fernández-Maldonado, Representante de la ONU-DH en México.

La noche del 26 de marzo del 2021, fue vista por última vez Uruchurtu Cruz en una manifestación en el ayuntamiento de Nochixtlán contra la violencia de policías. En los últimos años, la activista ha denunciado supuestos actos de extorsión y abuso de poder de las autoridades municipales.

El 7 de mayo del presente año, la Fiscalía General de Oaxaca detuvo a la presidenta municipal de Nochixtlán y a dos personas por su presunta responsabilidad en este caso. El día de hoy, el Poder Judicial estatal determinará la posible vinculación a proceso de los detenidos.

Por ello, organizaciones civiles mantuvieron su exigencia de localización y presentación con vida de Uruchurtu Cruz, así como la sanción de los responsables. En ese sentido, llamaron al Poder judicial a tomar en cuenta las pruebas presentadas y la observancia de los estándares internacionales de derechos humanos en materia de desaparición forzada al momento de emitir su resolución en esta audiencia.

“Los funcionarios del Poder Judicial deben ser conscientes de la magnitud de su responsabilidad para sancionar y erradicar este tipo de prácticas, ya que ello es una deuda que se tiene con las víctimas y sus familiares. Confiamos en la congruencia del Poder Judicial del estado para que resuelva tomando en cuenta los elementos aportados en el caso”, indicaron las Organizaciones.

Cabe destacar que el Presidente López Obrador comentó que un testigo protegido declaró que la instrucción de desaparecer a la activista presuntamente provino de la presidenta municipal. Por lo anterior, las organizaciones manifestaron su confianza en que todas las autoridades garanticen el respeto a los derechos humanos en el ámbito de su competencia.

En el caso de la defensora Pérez Rivera, directora de la organización “La Cabaña de la Sabiduría”, se le vio por última vez en las instalaciones de su organización hace dos meses, por lo que la ONU-DH está al pendiente de los avances de las autoridades del caso.

La impunidad en los crímenes cometidos contra personas defensoras de derechos humanos es una de las causas que más agravan la vulnerabilidad que enfrentan en México. Una investigación efectiva y de acuerdo a los estándares de debida diligencia, que logre que las personas responsables rindan cuentas ante la justicia por estos hechos, es el más claro mensaje de que estos terribles actos no serán tolerados”, comentó Fernández-Maldonado.

El Alto Comisionado instó a las instituciones involucradas en estos casos a garantizar una búsqueda pronta, efectiva y conforme a los estándares internacionales en la materia de las defensoras. También, indicaron que las autoridades deben agotar todas las posibles líneas de investigación e incorporar una perspectiva de género en estas diligencias.

“La ONU-DH llama a las autoridades a garantizar la seguridad, acceso a la información y todas las medidas de atención necesarias para las familias de ambas defensoras, así como para las personas y organizaciones que las acompañan en la exigencia de verdad y de justicia”, agregó el Alfonso Comisionado.

Por último, la ONU-DH confió en que las acciones emprendidas por las autoridades permitan conocer el paradero de las defensoras y sancionar a los responsables.