• La legislación mexicana cuenta con cinco figuras penales, civiles y de propiedad intelectual  que posibilita el acoso judicial, tales como la difamación, injuria, calumnia, daño moral, así como el mecanismo de notificación y retirada.

Por: Oscar Nogueda/

En el informe “Leyes del Silencio” de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y Artilce-19, las organizaciones civiles indicaron que los casos de acoso judicial a periodistas en  México han ido aumentado desde el 2015, por lo que contabilizaron un total de 39 casos en cinco años.

“Desde la FLIP y ARTÍCULO 19 se ha registrado un incremento en los casos de acoso judicial en los últimos años. Para ambas organizaciones resulta muy preocupante que tanto en la legislación colombiana como en la mexicana haya normativas que posibilitan el acoso judicial, y que muchos jueces y funcionarios del aparato judicial emitan sentencias contra periodistas completamente opuestas a los estándares internacionales de libertad de expresión”, señalaron las ONG.

De acuerdo al informe, la legislación mexicana cuenta con cinco figuras penales, civiles y de propiedad intelectual  que posibilita el acoso judicial, tales como la difamación, injuria, calumnia, daño moral, así como el mecanismo de notificación y retirada.

En ese sentido, las organizaciones apuntaron que los efectos del acoso judicial es la restricción  injustificada del derecho a la libertad de expresión, imposición de medidas excesivas y desproporcionadas, falta de certeza jurídica e  inhibición del intercambio de ideas.

“Los efectos que traen consigo es desincentivar el intercambio de opiniones y el libre debate democrático. Por ello aparecen las demandas sobre la necesidad de la despenalización de las críticas a personas con proyección pública. Es importante aclarar que no se trata de negar el honor de quienes ejercen una función pública, sino de que su posible lesión no afecte ni inhiba a la libertad de expresión. Se debe tener cuidado en la imposición de sanciones, en cuanto éstas puedan inhibir y desincentivar a personas defensoras o periodistas a participar en la discusión de cuestiones que presentan un interés general legítimo”, externaron  las  ONG.

Ante el aumento del uso de recursos legales para hostigar a defensores de derechos humanos y periodistas, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH)  sostuvo que esta violencia busca atentar contra la vida democrática en todos sus niveles, por lo que el “modo de operación de las autoridades que se ha identificado es el de sancionar con multas elevadas, realizar detenciones arbitrarias o eliminar y remover información”.

Según el análisis realizado por las organizaciones, el acoso judicial contra activistas y periodistas se da contra todas las personas, independientemente de su peso político. Asimismo, los principales personajes que utilizan las denuncias por daños a su honor para amedrentar son funcionarios públicos y grandes empresarios.

“Principalmente para que no saquen a la luz sus actos ilegales. Entre los temas más recurrentes se encuentran: corrupción, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada y nepotismo”, apuntaron las ONG.

Por su parte,  la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dictado directrices para guiar el actuar de los funcionarios judiciales en temas como real malicia, sistema dual de protección, implementación de indemnizaciones y la prevalencia de la libertad de expresión frente a críticas en contra de acciones de funcionarios  públicos. Sin embrago, las organizaciones subrayaron que los tribunales locales no obedecen estos señalamientos.

“Los procesos contra periodistas o personas defensoras, ya sea por la vía penal o civil, resultan amedrentadoras e injustificados a través de detenciones arbitrarias como el caso de Leonardo García o de indemnizaciones desproporcionadas como el caso de Roberto Saucedo, Arnoldo Cuéllar y Sergio Aguayo”, manifestaron las ONG.

A pesar de que existen sentencias favorables hacia periodistas, los defensores remarcaron que continúan el hostigamiento judicial contra periodistas y activistas, lo cual genera un mecanismo de censura y afecta a la libertad de expresión en el país.

“Es alarmante que en Colombia y México el aparato judicial se preste para el juego de intereses particulares y privados. En el acoso judicial se castiga al mensajero, al denunciante y por ende, al derecho de todos a recibir información y a la libre expresión”, finalizaron las ONG.