• ONGS presentaron un amparo contra el Acuerdo presidencial que faculta a las Fuerzas Armadas Permanentes participar en tareas de seguridad pública, asimismo manifestaron su preocupación por la profundización esta estrategia de militarización.

Por: Oscar Nogueda/

Cinco organizaciones de la sociedad civil presentaron múltiples amparos ante el Poder Judicial Federal (PJF) en contra del Acuerdo Presidencial  que permite la participación de las Fuerzas Armadas en labores seguridad pública hasta finales del actual sexenio.

Las organizaciones  civiles apuntaron que el Acuerdo Presidencial viola la Constitución de México y tratados internacionales  en materia de derechos humanos, ya que el acuerdo del 11 de mayo no garantiza la actuación extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria del Ejército y  de la Marina en labores de  seguridad pública.

“A lo largo de los 14 años en los que el Ejército y la Marina han realizado funciones de seguridad pública, se ha documentado su participación en la comisión de violaciones a derechos humanos; por ejemplo, detenciones arbitrarias, tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, y desplazamientos forzados”, expresaron las ONGS.

Asimismo, las asociaciones apuntaron que la militarización de la seguridad pública  ha incrementado los índices de violencia en México, además mencionaron que la profundización de esta estrategia avanza contradiciendo la Constitución, el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno federal, así como coloca en una situación de riesgo los derechos humanos de los mexicanos.

“Para las organizaciones que formamos parte de esta iniciativa conjunta, la militarización de la seguridad pública, no sólo no resuelve el problema de violencia, sino que debilita la labor de organizaciones civiles y dificulta el acceso de las víctimas al derecho una defensa y a la justicia. Consideramos que el Acuerdo compromete a la sociedad mexicana a vivir bajo un modelo de seguridad incompatible con la protección, defensa y promoción de los derechos humanos”, agregaron las ONGS.

La Comisión  Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)  exhortó al PJF que ordene al Presidente López Obrador emitir un nuevo acuerdo que incluya parámetros para garantizar la participación extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria  de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública, así como un informe previo al Senado de la República sobre la necesidad de ocupar al Ejército y a la Marina.

Igualmente, precisó que el Presidente debe dar a conocer los detalles del plan de retorno de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles  y una exposición  del estado de la Guardia Nacional (GN), incluyendo estructura, capacidades e implantación territorial.

La CMDPDH externó que, entre  el 2007 al 2014, se registraron  3 mil 900 personas asesinadas a manos de militares. A pesar de ello, se contabilizaron 21 denuncias ante la Fiscalía General de Justicia Militar en el periodo del 2006 a 2019.

La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) expresó que “vemos con preocupación la presencia y operación de las Fuerzas Armadas en un contexto en el que no hay una normatividad que permita controlar, monitorear, evaluar, y corregir sus acciones”.

Al mismo tiempo, la FJEDD manifestó su preocupación por la militarización de las tareas de vigilancia y control de la migración. Asimismo, destacó que las Fuerzas Armadas  no deben intervenir en tareas de investigación ni de control migratorio.

“En la FJEDD hemos documentado que las primeras intervenciones en los casos de masacres de personas migrantes en el país, fueron de elementos de las Fuerzas Armadas, quienes no llevaron a cabo un trabajo adecuado en la recuperación de la evidencia y en la preservación del lugar de los hechos. Lo anterior perjudicó las investigaciones y el debido proceso”, comentó la FJEDD.

Por su parte, México Unido Contra la Delincuencia (MUCD)  aseguró que el Acuerdo Presidencial  viola el artículo quinto transitorio de la Ley de la GN y el artículo 21 constitucional.  Ante esta situación, detalló que los amparos presentados contra este acuerdo  y las leyes secundarias de la nueva corporación de seguridad buscan reorientar la estrategia de seguridad, así como fortalecer las instituciones de seguridad civiles.

“Consideramos que el Acuerdo militarista imposibilita la construcción de una estrategia de seguridad ciudadana, en la que las personas y las comunidades estén en el centro, y que priorice la prevención, atención, y sanción del delito en un marco de respeto a los derechos humanos. Las y los mexicanos queremos paz y seguridad duraderas”, señaló MUCD.

Equis Justicia para las Mujeres e Intersecta enfatizó que el despliegue militar en tareas de seguridad pública ha permitido una sistemática violación de derechos humanos de las mujeres. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016 identificó 97 mil mujeres violentadas por elementos militares.

La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016 indicó que el 10.2 por ciento de las mujeres detenidas por policías estatales sufrieron violación, el 20.9 por ciento de mujeres detenidas por el Ejército sufrió violación, mientras que el 40.9 por ciento de las detenidas por la Marina fueron víctimas de este delito.

En tanto, el registro de defunciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que la tasa de homicidios de mujeres con armas de fuego en vía pública aumentó un 500 por ciento entre el 2007 y el 2018.

“La operación regular de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública provoca un efecto amedrentador que inhibe el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos, el derecho de asociación, el derecho a la protesta, y el derecho al acceso a la información. A través del tiempo, se ha acreditado que la presencia de militares en tareas de seguridad pública genera mayor violencia y represión en contra de las voces que discrepan de sus acciones”, finalizaron las ONGS.