• Las organizaciones subrayaron que el gobierno federal debe reiterar su compromiso de devolver a las Fuerzas Armadas a sus cuarteles para el 2024.

Por: Oscar Nogueda/

Amnistía Internacional y el Colectivo Seguridad Sin Guerra manifestaron su preocupación por la continuación de la militarización de la seguridad pública, lo cual ha aumentado las quejas por violaciones a los derechos humanos.

En ese sentido, las organizaciones subrayaron que el gobierno federal debe reiterar su compromiso de devolver a las Fuerzas Armadas a sus cuarteles para el 2024, así como de a conocer la estrategia para desarmar al país.

“Las autoridades deben adoptar también las medidas necesarias para que en la legislación se prevea el uso arbitrario o abusivo de la fuerza o de armas de fuego, por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”, apuntaron las organizaciones.

Amnistía Internacional destacó que, en el 2020, el actual gobierno desplegó a más elementos castrenses para realizar labores de seguridad pública que los dos sexenios anteriores.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Alerta de Violencia a los Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Guardia Nacional acúmulo 350 querellas durante el año pasado y 261 en lo que va del 2021. Esto la coloca dentro de las principales instituciones con más quejas por violaciones a los derechos humanos.

“Estas cifras podrían ser mayores ya que resulta difícil determinar el número total de violaciones a derechos humanos que cometió y está cometiendo la Guardia Nacional, debido a la falta de transparencia de las autoridades y la ausencia de un mecanismo especializado e independiente de rendición de cuentas. Además se debe considerar el hecho de que las víctimas a menudo tienen miedo de denunciar a las fuerzas de seguridad por temor a represalias”, apuntaron las organizaciones.

Adicionalmente, mencionaron que la propuesta de adscripción de la Guardia Nacional como tercera Fuerza Armada de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por medio de una reforma constitucional, permitirá institucionalizar de manera permanente la militarización de la seguridad pública.

Las organizaciones apuntaron que esta medida es contraria a los estándares internacionales en la materia, los cuales señalan que los Estados pueden utilizar a las Fuerzas Armadas para labores de seguridad pública en casos excepcionales y por tiempo determinado.

“Las OSCs valoramos que, tras dos años y medio de la creación y funcionamiento de la Guardia Nacional, y a la luz de los hechos aquí señalados, existe poco material que sugiera que la estrategia de seguridad del gobierno de México represente un cambio verdadero o una nueva era de respeto por los derechos humanos”, dijeron las organizaciones.

Respecto a la Ley Nacional sobre el Uso de Fuerza, externaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no ha resuelto la acción de inconstitucionalidad 64/2019 de la CNDH,así como el amparo en revisión 30/2021 presentado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) contra esta legislación.

Las acción de inconstitucionalidad establece que esta Ley tiene vacíos legales que reglamenten las obligaciones los servidores públicos encargados de cumplir con la legislación, así como advierte sobre el uso de la fuerza y de la disposición que permite considerar el uso de la fuerza letal desde la planificación de operativos.

El amparo de la CMDPDH puntualiza que el uso de la fuerza tiene un efecto amedentrador contra la defensa de los derechos humanos.

“Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, aprobada el 27 de mayo de 2019, contraviene las obligaciones del Estado mexicano respecto de los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, prevención y protección de la vida, lo que puede resultar en la violación a los derechos a la vida, la integridad física y mental, la igualdad y no discriminación, y las libertades de reunión, asociación y de expresión”, expresaron las organizaciones.

Por último, subrayaron la necesidad de legislar sobre el uso arbitrario de la fuerza y de las armas de fuego por parte de funcionarios públicos.