• La publicación indica que el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, y el ex fiscal, Edgar Veytia, crearon una estructura criminal dentro de la fiscalía local, por lo que se le atribuye homicidios, torturas, robos de propiedad, extorsión y desaparición forzada.

Por: Oscar Nogueda/

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la organización Idheas, Litigio estratégico en derechos humanos pidieron a la Corte Penal Internacional (CPI) iniciar una investigación de las desapariciones forzadas en Nayarit de 2017, como posibles crimines de lesa humanidad.

En el informe “Estructura criminal en la Fiscalía General del Estado de Nayarit y crimines de lesa humanidad”, las organizaciones informaron que, entre junio y septiembre del 2017,  aproximadamente 47 personas fueron desparecidas por agentes de la fiscalía y policías estatales, como parte de un ataque sistemático de las autoridades del estado.

“Autoridades del Estado de Nayarit, incluyendo a la policía estatal  y funcionarios de la fiscalía, llevaron a cabo al menos 47 desapariciones forzadas, utilizando recursos gubernamentales. Con base en la evidencia disponible, existe una base razonable para creer que estas 47 víctimas de desaparición forzada fueron  blanco del Estado de Nayarit como parte  de un ataque sistemático, lo que constituye crímenes de lesa humanidad bajo la jurisdicción de la CPI”, indicó Idheas.

La publicación indica que el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, y el ex fiscal, Edgar Veytia, crearon una estructura criminal dentro de la fiscalía local, por lo que se le atribuye homicidios, torturas, robos de propiedad, extorsión y desaparición forzada.

Asimismo, las organizaciones destacaron  la negligencia de las autoridades nayaritas en la investigación y enjuiciamiento de los casos de desaparición forzada cometidos durante el gobierno de Roberto Sandoval. De acuerdo al informe citado, se han encontrado alrededor 140 cuerpos de fosas clandestinas en el estado y se estima la existencia de entre 120 y 300 casos  de desaparición forzada durante el periodo de 2017 a 2019.

“Desde 2014 venimos documentando la existencia de crímenes de lesa humanidad en diferentes estados de México, cometidos por el crimen organizado, autoridades estatales o ambos actuando de manera conjunta. Es indignante que la Fiscalía de Nayarit, a la que acudieron las familias para realizar una investigación , fuera en realidad la entidad que habría cometido desapariciones forzadas en Nayarit. Hoy les pedimos a las autoridades federales de México que reconozcan la existencia de crímenes de lesa humanidad y remitan el caso a la CPI”, mencionó que Jimena Reyes, directora para América de la FIDH.

Por lo anterior, las organizaciones y colectivos de personas desaparecidas instaron al gobernador electo del estado, Miguel Ángel Navarro Quintero y  a las autoridades de los tres niveles de gobierno a implementar políticas públicas para evitar las desapariciones forzadas.

Por último, las organizaciones llamaron a la CPI a llevar a cabo un examen preliminar de la situación de México.