• La Coalición destacó esta reforma legislativa es contraria a los estándares de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CoIDH) en el caso de mujeres víctimas de tortura sexual de Atenco vs México.

Por: Oscar Nogueda/

La Coalición #RegulaciónPorLaPaz expresó su preocupación por la reforma que amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Además, sentenció que la extensión de esta figura jurídica es una muestra de que “la guerra en México no ha terminado”.

“El pasado 13 de octubre de este año se aprobó una reforma en materia de prisión preventiva oficiosa que incorpora un nuevo listado de delitos para los cuáles se aplica la prisión preventiva de manera automática. Entre estos se incluyen algunos delitos que se enmarcan en la figura de narcomenudeo, lo cual entra en contradicción directa con la recientemente aprobada Ley de Amnistía y la pendiente reforma para la regulación de cannabis”, señaló la Coalición.

La Coalición destacó esta reforma legislativa es contraria a los estándares de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CoIDH) en el caso de mujeres víctimas de tortura sexual de Atenco vs México. Esta sentencia establece que la privación de libertad del imputado, únicamente, debe utilizarse garantizar el desarrollo del proceso.

“Asimismo, la Corte reitera que la privación de libertad del imputado sólo debe tener como fin legítimo el asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia. El peligro procesal no se presume, sino que debe realizarse la verificación del mismo en cada caso, fundado en circunstancias objetivas y ciertas del caso concreto”, indica la CoIDH.

El Grupo de Trabajo Sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas mencionó que la prisión preventiva disminuye la capacidad de la persona para impugnar su detención, atenta contra la presunción de inocencia y sobrecarga el sistema de justicia.

Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas apuntó que dicha figura debe basarse en las condiciones de cada caso, así como se justifique su uso y sea utilizada para evitar la alteración de la prueba o para impedir la fuga.

“La incorporación de delitos contra la salud a dicha reforma representa una discordancia con la recientemente aprobada Ley de Amnistía la cual reconoce el impacto diferenciado de la política punitiva en materia de política de drogas y establece que se decreta amnistía a favor de personas que estén detenidas, en proceso o sentenciadas por delitos contra la salud cuando se encuentren en situación de pobreza extrema, pertenezcan a una comunidad indígena y cuando el delito fuera por posesión sin fines de venta”, agregó la Coalición.

Adicionalmente, la aprobación de aumentar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva no ha logrado disminuir el acceso a drogas ilícitas, no obstante, incrementaron las violaciones a derechos humanos en México.

“Instamos a que la aún pendiente regulación mandatada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea un paso hacia el reconocimiento del fracaso de la estrategia de reforzar el ámbito punitivo para abordar el tema de las drogas desde el Estado y para apostar por una política con enfoque de derechos humanos y justicia social”, finalizó la Coalición.