Por: Oscar Nogueda/

El Colectivo Seguridad Sin Guerra llamó a las Juntas de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y Senadores interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el acuerdo presidencial que faculta a las Fuerzas Armadas intervenir en actividades de seguridad pública.

Asimismo, solicitó a los integrantes de las juntas iniciar las audiencias remotas necesarias para exponer la inconstitucionalidad del Acuerdo Presidencial en materia de seguridad pública.

El Colectivo reprochó la decisión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de negarse a interponer una acción de inconstitucionalidad contra este decreto.

La CNDH aseguró que está imposibilitada jurídicamente para utilizar este recurso, ya que se trata de un Acuerdo del Presidente y no de una ley. A pesar de ello, sostuvo que vigilará la actuación de las Fuerzas Armadas en sus tareas de seguridad pública.

Seguridad Sin Guerra enfatizó que este es el momento para interponer acciones de inconstitucionalidad para que la SCJN decida si el acuerdo presidencial está autorizado constitucionalmente.

“ Si ante estos atropellos a la Constitución y a la pluralidad política del país, los demás órganos constitucionales, gobernadores, ayuntamientos, congresos locales, Congreso de la Unión y órganos constitucionalmente autónomos optan por mirar en otras dirección, estarán avalando la destrucción de nuestro sistema constitucional”, precisó el Colectivo.

Al mismo tiempo, enfatizó que si estos organismos “claudican ante esta responsabilidad serán corresponsables que nuestra constitución sea letra muerta y de las violaciones de los derechos que resulten”.

Por otro lado, comentaron que el Presidente López Obrador ha violentado los principales puntos de la reforma de la Guardia Nacional (GN),ya que la mayoría de los efectivos de la GN provienen de las Fuerzas Armadas.También, Seguridad Sin Guerra apuntó que se abandonó el fortalecimiento de las policías locales, al canalizar recursos a los cuerpos castrenses.

Aunado a ello, puntualizó que el decreto presidencial no cumple con los parámetro del quinto transitorio de la Ley de la Guardia Nacional ni con las obligaciones internacionales en la materia.

Ante esta situación, la ONG exhortó a los presidentes municipales, jefa de gobierno y a los gobernadores interponer controversias constitucionales ante la Corte, ya que el Acuerdo presidencial impide el fortalecimiento de y profesionalización de las policías civiles.

Por último, invito a la sociedad mexicana a retomar el debate de la civilización de la seguridad pública a través de la construcción de policías locales.