• La investigación periodística Pegasus Project reveló que 15 mil teléfonos mexicanos fueron objetivos del malaware.

Por: Redacción/

El Núcleo de las Organizaciones de la Sociedad Civil (NOSC) llamó al gobierno mexicano a cumplir con el compromiso sobre los controles democráticos de las intervenciones de comunicaciones privadas, así como a esclarecer el caso Pegasus en el país.

A raíz de las revelaciones de la investigación Pegasus Project, las organizaciones civiles recordaron que el malaware Pegasus fue ofrecido por la empresa israelí al gobiernos para enfrentar a los grupos criminales y al terrorismo, no obstante, las autoridades lo han ocupado para intervenir de manera ilegal las comunicaciones de periodistas y activistas.

Ante esta situación, Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), manifestó su preocupación por el espionaje contra periodistas y defensores, ya que reveló “algunos de los peores temores sobre el uso indebido de la tecnología de vigilancia”.

La investigación periodística Pegasus Project reveló que 15 mil teléfonos mexicanos fueron objetivos del malaware. Estos números incluyen a familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, 25 periodistas, personas cercanas al presidente López Obrador y a investigadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Desde la primera revelación de casos, los organismos internacionales han recomendado al Estado mexicano garantizar una investigación independiente, así como establecer un marco legal para proteger la privacidad de las personas conforme a los estándares internacionales. Hasta la fecha, ninguna de las recomendaciones ha sido atendida”, señalaron las organizaciones.

En 2017, el NOSC suspendieron los trabajos de gobierno abierto con la administración de Peña Nieto debido a los casos de espionaje. Dos años después, se reanudaron las conversaciones con el gobierno actual para atender lo relativo a la vigilancia ilegal y desproporcionada.

Cabe destacar que en febrero del 2019, la Fiscalía General de la República (FGR), heredera de la Procuraduría General de la República que operó Pegasus, informó al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) que no contaba con “bitácoras de uso o registros, base de datos y aplicaciones que dieran cuenta de la utilización del sistema adquirido”.

Ante esta situación, las organizaciones detallaron que la adquisición de y uso de tecnologías de vigilancia se ha llevado a cabo sin transparencia ni los mecanismos de rendición de cuentas, lo cual ha generado su uso ilegal.

“Las recomendaciones y observaciones de organismos internacionales y de derechos humanos sean desconocidas y resulten sin efectos ante la promesa de la actual administración de no espiar”, apuntaron las organizaciones.

A pesar de que la legislación mexicana contempla el uso de la intervención de comunicaciones privadas para fine específicos mediante la autorización judicial, NOSC sostuvo que estas acciones se llevan a cabo, principalmente, por autoridades sin facultades legales, autorización o supervisión debido a la falta de regulación e herramientas de espionaje como Pegasus.

Por lo anterior, las organizaciones llamaron a la FGR a investigar de manera exhaustiva el espionaje contra periodistas y activistas, compartir información de interés público y evitar el uso arbitrario de estas herramientas de vigilancia.

Asimismo, pidieron a las instituciones de seguridad, procuración de justicia e inteligencia publicar los contratos realizados para la compra de estas herramientas con recursos públicos.

Al gobierno federal, le solicitaron a cumplir con los compromisos de Controles democráticos a la intervención de comunicaciones privadas, así como imponer una moratoria a la exportación, venta, transferencia,uso y prestación de servicios de asistencia para instrumentos de vigilancia creados por empresas privadas hasta establecer salvaguardas de respeto a los derechos humanos.