Por: Oscar Nogueda/

Colectivos y Organizaciones sociales aseguraron que la práctica de la tortura permanece enraizada y propagada en el país, además indicaron que existe un ambiente de desconfianza al sistema jurisdiccional.

Al mismo tiempo, determinaron que los cuerpos policiacos siguen utilizando la tortura como parte de su método de investigación de delitos, esto debido a una falta de formación, capacitación, y técnica para investigar, preservar evidencia, custodiar pruebas, así como cuidar de la cadena de custodia.

El pasado 5 de abril, el Presidente López Obrador dijo que en México “tenemos erradicado la tortura”, no obstante, esto difiere de varias instancias de Naciones Unidas en donde afirman que se vive una práctica generalizada y sistemática de tortura en el país.

El centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casa registró 18 casos de tortura en Chiapas en el actual sistema penal. Los sobrevivientes son 17 hombre y una mujer, dos de ellos son integrantes del pueblo Tsotsil y una persona migrante de origen hondureña. Los municipios de los hechos fueron San Cristobal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez, Palenque, Cintalapa, Chicomuselo, Bochil, Altamirano y la Concordia.

Las organizaciones mencionaron que las Fiscalías especializadas en este delito desconocen la Ley Generla para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, lo que permite que estos tratos inhumanos se comentan de manera cotidiana.

Ante esta situación, exhortaron al Presidente López Obrador a cumplir las recomendaciones del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, dictadas el 25 de abril del 2019.

Las recomendaciones establecen atender las causas estructurales y características específicas de la tortura contra pueblos originarios, garantizar un mecanismo eficiente que brinde la presencia de un intérprete y abogado conocer de los pueblos originarios y capacitar a los operadores de justicia en la protección de personas indígenas privadas de la libertad para evitar estos tratos.

Asimismo, instaron a las autoridades retomar la solicitud realizada por el relator del Comité contra la Tortura, en donde exhortó al Estado mexicano hacer un pronunciamiento público donde reconozca y rechaza el alcance de la tortura e impunidad, además de la estigmatización de las víctimas.

Las organizaciones demandantes exigieron al Presidente de México evitar pronunciamientos que van en contra de la protección, respeto de garantía de los derechos humanos.