Por: Roberto Barco Celis

El gobierno mexicano respondió al informe de  Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y sostiene que “si bien en el informe la CIDH da cuenta de algunos desarrollos en materia de derechos humanos, desafortunadamente no refleja la situación general del país y parte de premisas y diagnósticos erróneos, que no se comparten”.

Las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República señalan que “tanto en la visita, como al término de ésta, el Estado mexicano fue enfático en afirmar que en nuestro país no se vive una crisis de derechos humanos, y que las observaciones preliminares de la CIDH – que hoy se retoman en el informe – se habían construido a partir de encuentros y entrevistas sobre temas específicos y en lugares focalizados, desestimando los avances y cambios estructurales que el Gobierno de la República ha impulsado en los últimos años.

“De hecho, en repetidas ocasiones se solicitó a la CIDH sustentar con mayor solidez sus conclusiones y recomendaciones”.

La postura gubernamental refiere que “desafortunadamente, el informe publicado no ofrece mayor fundamento ni da respuesta a las preguntas que el propio Estado formuló a la Comisión, además que ignora más de cincuenta años de avances, desafíos, cambios estructurales y procesos de un país como México, y que ya habían sido reconocidos por la propia CIDH en su visita a México que tuvo lugar en 1997.

“El informe final de la CIDH incorpora referencias a las observaciones del Estado Mexicano de manera directa en aproximadamente 40 ocasiones, citando textualmente la información proporcionada pero sin contrastar dicha información con sus fuentes y análisis inicial. Si bien resulta positivo que se hayan incluido algunas de las observaciones de México, éstas no incidieron en el análisis final de la CIDH, en su metodología, en el uso de fuentes, ni en sus conclusiones y recomendaciones”.

El texto íntegro de los comentarios que formuló el Estado Mexicano a la CIDH, y que le hizo llegar el 15 de diciembre de 2015, puede consultarse en el siguiente vínculo electrónico: http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2015/doc-es/MX-Observaciones2015.pdf.

En es contexto las autoridades mexicanas señalaron que “la metodología utilizada por la CIDH para integrar el informe tuvo un sesgo inicial.

“En lugar de valorar el estado de cumplimiento de las obligaciones del Estado, se enfocó en buscar y reflejar violaciones específicas, tomando en cuenta las problemáticas de seis entidades federativas y llegando a conclusiones sin fundamento.

“Dicho sesgo generó que la CIDH utilizara la información recabada en su visita de manera parcial, y sin atender los requisitos de confiabilidad y convicción previstos en su Reglamento, y que habrían sido indispensables para que ésta pudiera arribar a conclusiones sólidas y fidedignas”.

Agrega que “el Estado mexicano trabaja constantemente para atender las causas y consecuencias de la violencia en el país generada por la delincuencia, garantizar la seguridad, proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos y mejorar el acceso a la justicia.

“Por ello, se esperaba que la visita de la CIDH contribuyera a esos esfuerzos y compromisos de México con la emisión de conclusiones y recomendaciones que resultaran de un informe objetivo y bien sustentado, lo cual no aconteció.

“Dentro de los avances que el informe de la CIDH desestimó o recogió sólo parcialmente, no obstante la numerosa información que el Estado mexicano le entregó durante y con posterioridad a la visita, se citan los siguientes:

“El Ejecutivo Federal, con el objeto de prevenir y erradicar prácticas como la desaparición forzada y la tortura, presentó ante el Congreso las iniciativas de Ley en estos rubros, que resultaron de un amplio proceso de consulta con organizaciones de la sociedad civil y otros actores internacionales, como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Comité Internacional de la Cruz Roja.

“Asimismo, la Procuraduría General de la República publicó dos protocolos para la investigación de estos delitos y creó la Fiscalía Especializada de Búsqueda de personas.

“Entre otras acciones que forman parte de los ejes prioritarios del gobierno está la protección a los derechos de las víctimas, por ello se publicó la Ley General en la materia, que prevé la instalación de un Sistema Nacional de atención y la creación de un fondo de ayuda y de reparación integral para víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos”.