Por: Redacción

México es el país que mayor número de casos por violaciones a las garantías individuales presenta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por ello las recomendaciones generadas por ésta deben cumplirse, de lo contrario “el escenario se agravará”, aseveró el secretario ejecutivo de dicho organismo, Emilio Álvarez Icaza.

A pesar de contar con 32 organismos públicos y una institución nacional en la materia, a las que se les destina un presupuesto anual de 200 millones de dólares, “la gente no acude a estas instancias y prefiere resolver estos asuntos en el ámbito exterior”, resaltó al impartir una conferencia magistral en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Señaló que en un marco en donde el país ha estado expuesto al escrutinio internacional en los últimos 15 años en materia de derechos humanos, es “preciso cumplir las recomendaciones” hechas por el organismo; de lo contrario “el escenario se agravará”.

En 2015 se presentaron mil 164 peticiones de los 35 Estados miembro, y de éstas, 849 fueron de México.

El aumento en las denuncias, detalla, podría interpretarse de dos maneras: que los personas tienen condiciones para ejercer sus derechos, los conocen, denuncian las violaciones y encuentran en la CIDH una instancia para resolverlos; o bien, “es el reflejo de una crisis en ascenso”, es decir, que a falta de respuestas a nivel interno se acude a ámbitos externos, dijo.

Reconoció que en el ámbito federal hay avances; sin embargo uno de los desafíos es que existen entidades que no han modificado sus leyes, y “en los municipios el panorama es peor”, porque no contemplan las garantías referidas, destacó al participar en el Programa en Investigación Ciudades, Gestión, Territorio y Ambiente, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM.

De acuerdo con un comunicado de la UNAM, en el encuentro Álvarez Icaza aclaró que las medidas cautelares emitidas por la CIDH son un sistema de emergencia de protección inmediata “donde no se juzga”, sino que se le dice a la autoridad qué hacer para evitar vejaciones mayores.

“Aquí hay principios disparadores de participación pública, pues parte importante de las solicitudes provienen de actores civiles interesados en defender los derechos humanos”, señaló.