Por: Redacción/

Antonio Ortega Martínez, Secretario de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, alertó que –de aprobarse las reformas legales que propone Morena y se discuten hoy en la Sesión Permanente para incluir los delitos de defraudación fiscal en el esquema de “delincuencia organizada”- se estará incurriendo en violaciones a la Constitución y en riesgo de enviar a prisión a personas inocentes.

Señaló además que, si bien es un daño grave la que se hace al ingreso público (pues la evasión de impuestos supera los 350 mil millones de pesos por estos procedimientos ilegales); las y los dirigentes de la Cuarta Transformación –particularmente en la Secretaría de Hacienda y en la Presidencia de la República- están tomando decisiones y promueven reformas legales sin el cuidado jurídico ni la sensibilidad social necesarios”.

“Esta reforma castigará no solo a la ‘empresa fantasma’ que emite la factura apócrifa, a la que simula actividades económicas; sino también al ciudadano o a la compañía que recibe estas facturas y demuestra con ellas, su contabilidad” al Sistema de Administración Tributaria (SAT), advirtió.

“Con esta reforma -sostuvo el legislador federal- el Estado daña el principio básico constitucional de la presunción de inocencia… Y, desde luego –subrayó- el Ministerio Público, el gobierno son quienes deben presentar las pruebas que imputen la responsabilidad para que el Poder Judicial emita una sentencia y quedar dilucidada la culpabilidad o la inocencia de cualquier ciudadano”, destacó.

Dejó en claro al respecto que “no hay manera de que un ciudadano común o un responsable contable de una empresa, estén obligados a comprobar la existencia o la legalidad de una empresa o de una factura pues ésta se recibe, y si se cumple con la norma básica, mínima que define la ley, pues se incorpora a los archivos y a la contabilidad”.

“Si lo que se pretende es que el empresario, el contador, el empleado tenga que demostrar que la empresa (que le emite la factura) es legal, que tiene actividades económicas reales, que la factura es válida y cumple con toda la normatividad, pues será prácticamente una guadaña que pondrá en la cárcel a muchos inocentes y se violarán los principios de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario”, recalcó.

Al finalizar, Ortega Martínez indicó que el PRD estará pendiente del avance de dicha propuesta y “se solidariza con los reclamos y las protestas que –a nivel nacional- se están generando frente a este despropósito legal que se suma a iniciativas que han significado un caudal de amparos y recursos legales ante la Suprema Corte de Justicia que, en muchos casos, les ha concedido la razón porque están elaboradas sin cuidado jurídico, y aplicando a “machete” medidas que requieren vigilancia para no causar daños a inocentes”.

“Meter a la cárcel a ciudadanos que reciben una factura apócrifa y la entregan, nos parece un despropósito al que hay que oponerse de manera firme y radical”, concretó