Por: Redacción/

La diputada Mónica Almeida López (PRD) afirmó que lograr el derecho a la desconexión laboral, en la modalidad de “home office”, será un reto para empleados y patrones con la entrada en vigor de la reforma en materia de teletrabajo.

En un comunicado, apuntó que el derecho a la desconexión laboral es fundamental para evitar caer en una sobrecarga de trabajo y en una falsa disponibilidad absoluta de los empleados, que genere horas extras o desgaste psicológico y emocional.

“El objeto principal de esta reforma es tener un país laboralmente más productivo, donde los sueldos de los trabajadores rindan más al tener menor costo en los traslados, así como la optimización de los centros de trabajo para disminuir el hacinamiento, por lo cual los empleadores deberán generar mecanismos que eviten sobrecargar a sus empleados, garantizando el derecho a la desconexión”.

Puntualizó que en el Poder Legislativo ante la potencial generación de violaciones “se deberán tomar en cuenta las condiciones sociales, de infraestructura, seguridad, transporte, entre otras, para fomentar esta modalidad; por lo cual el poder Legislativo deberá estar muy pendiente de la evolución de esta reforma para generar las condiciones más óptimas”.

Otro de los retos, en el corto plazo, es la modificación de contratos y reglamentos internos de las empresas, donde deberá existir una supervisión puntual, que evite atropellos laborales por parte de los patrones, al igual que las negociaciones con sindicatos para modificar los contratos colectivos de trabajo.

“Las empresas y sector público, deberán contemplar modificaciones presupuestales y disposición de recursos para poder proporcionar el equipo adecuado tal y como lo marca la ley, que van desde computadoras hasta escritorios y sillas adecuadas para trabajar, así como pagos proporcionales de servicios de internet y electricidad donde la reforma lo establece de manera abierta y no existe aún un criterio de determinación de dicha proporción”.

Finalmente, argumentó que el teletrabajo se convirtió en un reto legislativo y una realidad laboral que, sin duda, puede abonar bastante para evitar la pérdida de empleos e incluso hacer más eficiente la productividad laboral, pero también podría derivar en situaciones que impidan a trabajadores gozar de sus derechos sociales y laborales.