Por: Redacción/

A pesar de las reformas legales en materia de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas, persisten en México “desafíos institucionales” para construir una política integral de Estado que permita un combate eficaz de la corrupción.

Así lo destacaron académicos y especialistas en la presentación del libro “Control Parlamentario de la Fiscalización y Agenda para la Política del Combate a la Corrupción”, de Alejandro Romero Gudiño.

En el evento, organizado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, el autor destacó que hace falta una agenda común entre los diferentes actores implicados en el control de este flagelo.

Explicó que organismos como la Auditoría Superior de la Federación o el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales tienen su propio programa en esta materia.

Lorena Vázquez Correa, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, agregó que se debe incluir a la Secretaría de Hacienda y al Sistema de Administración Tributaria para “seguir la pista del dinero en los casos de perversión del ejercicio de la función pública”.

La efectividad de los mecanismos de control de la corrupción, de transparencia de la información pública, de prevención de riesgos, así como la erradicación de la impunidad, la imposición del Estado de Derecho y el fomento a la participación ciudadana, son temas sustantivos que deberían formar parte de esta política integral, asentó.

Martha Patricia Patiño Fierro, directora general de Difusión y Publicaciones del Instituto Belisario Domínguez, subrayó la necesidad de establecer una “gran alianza” entre los distintos sectores de la sociedad para generar una cultura de la anticorrupción.