Por: Javier Bárcenas/

Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Educación concluyeron la redacción del proyecto de dictamen que abroga la reforma educativa aprobada en el gobierno de Enrique Peña Nieto y se modifican los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En el documento se garantiza la permanencia en la ley de la autonomía de las universidades, se garantiza la educación desde la inicial hasta el nivel superior, el Estado priorizará el interés superior de las niñas, niños y adolescentes y jóvenes en los servicios educativos.

Esta reforma constitucional se votará la próxima semana, misma que debe lograr las dos terceras parte de las votaciones de los legisladores que asistan a la sesión del miércoles.

Señala en su artículo tercero, que el Estado será el rector de la educación, que además de obligatoria será universal, pública, gratuita y laica, se basará en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva.

“Se basará en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tendrá a desarrollará armónicamente todas las facultades del ser humano, fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto de todos los derechos, las libertaddes y dignidad e las personas.

“La cultura, la paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia; promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de aprendizaje”, señala la reforma referente al artículo 3º.

El proyecto señala que los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y por tanto se reconoce sus contribuciones a la transformación social tendrá derecho de acceder a un sistema integral de formación, de capacitación y de actualización retroalimentado por evaluación diagnóstica para poder cumplir con los objetivos y propósitos del Sistema Educativo Nacional.

También el Estado fortalecerá a las instituciones públicas de formación docente de manera especial a las escuelas normales, en los términos que disponga la ley.

Para las empresas educativas privadas se garantiza que podrán “impartir educación en todos sus tipos y modalidades, En los términos que establezca la ley, el estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares”.

El Congreso se compromete a expedir la legislación secundaria en un plazo de 120 días y ambas cámaras deberán expedir las leyes generales en materia de Educación Superior y de Ciencia, Tecnología e Innovación a más tardar en el año 2020 y las legislaturas de los estados, en el ámbito de competencia, tendrán el plazo de un año para armonizar el marco jurídico en la materia.

Además, a partir de la entrada en vigor de este decreto se abroga la Ley del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación y se derogan todas las disposiciones contenidas en las leyes secundarias y quedan además sin efectos los reglamentos, acuerdos y disposiciones de carácter general contrarias a este decreto.