Por: Rene Ortiz

Para lograr la renovación, regeneración, limpieza y oxigenación de las instituciones del país, es necesario impulsar las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, sostuvo el Presidente Nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés.

Advirtió que los ordenamientos secundarios deberán aprobarse antes de mayo del próximo año, por lo que exhortó a todas las fuerzas políticas a abordar el tema como una prioridad, con compromiso y sin lógicas partidistas, a fin de contar con un sistema que permita avanzar en materia de transparencia.

“Cuando los funcionarios rinden cuentas, la probabilidad de corrupción se reduce, ya que los ciudadanos conocen con certeza el destino de los recursos públicos, es decir en qué gastaron el dinero, a quién le pagaron, a quién y cuanto lo compraron” señaló.

Por otro lado, dijo, que no bastaba con la transparencia, ya que el complemento necesario es el Sistema Nacional Anticorrupción, diseñado para prevenir, investigar y sancionar la corrupción de manera orgánica y eficaz.

La Auditoría Superior de la Federación determinó en 2013 que 2 mil 500 acciones, identificó a servidores públicos que violaron la ley y sólo siete funcionarios fueron los que recibieron la sanción más alta que los inhabilita para poder ocupar un cargo.

Ricardo Anaya dijo que este nuevo sistema tiene la facultad de establecer un control externo y una sanción. En cuanto al control externo, indicó que ya no será empleado un empleado del alcalde, del gobernador o del Presidente de la República el responsable, sino que sea un órgano externo, independiente y autónomo.

También recordó  que se creará una fiscalía especializada en delitos relacionados con la anticorrupción, cuyo titular ya no será puesto por el presidente sino por el Senado por la República, a través de una mayoría calificada de sus dos terceras partes de sus integrantes, sin intervención alguna del Ejecutivo.

Y en el caso de la sanción, se le quitan las facultades de sancionar a los subordinados de los funcionarios implicados y las sanciones las otorgaría un tribunal federal.

Ricardo Anaya se comprometió a colaborar en la urgente tarea de limpiar las instituciones y construir un México, donde quien cometa un acto de corrupción, pagará las consecuencias, y en el que los recursos públicos se aplicarán con honestidad.