Por: Redacción/

Las estrategias nacionales de ciencia, tecnología e innovación (CTI) requieren cada vez más de la contribución de la academia y de los sectores privado y social para lograr un conjunto amplio de objetivos socioeconómicos y ambientales, afirmó la doctora Gabriela Dutrénit Bielous, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

En la medida en que se consulta e involucra a esos actores, se implementa una política que estimule la producción y la transferencia de conocimiento para atender las necesidades de la colectividad, en virtud de que la gestión del sistema de CTI debe basarse en el principio de la participación pública, que es la forma en que los ciudadanos se empoderan y un elemento vital de la gobernabilidad democrática.

En ese sentido es necesario fomentar el diálogo, con el fin de alimentar el proceso de toma de decisiones y contar con un órgano de consulta e intervención autónomo que genere consensos y exprese las voces de la comunidad, precisó la académica del Departamento de Producción Económica de la Unidad Xochimilco, en el Foro Interuniversitario: Jornadas de reflexión sobre el sistema de ciencia, tecnología e innovación que demanda el futuro.

“Hay experiencias en esto, porque el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) existe desde 2002, pero debe avanzarse en las prácticas y los aprendizajes que hemos tenido en la organización de la colaboración y, por tanto, tenemos que defender que concurran comités en todos los órganos de gobierno: nacional, federal, estatal y municipal”.

Dichos espacios deben tener autonomía de decisión técnica, operativa y administrativa y un financiamiento mixto, tanto oficial como de las organizaciones que aportan para que pueda operar y conservar la representación de las instancias de sociales y privadas que decidan ser parte, dijo la Profesora Distinguida de la Casa abierta al tiempo.

Al abordar el tema Gobierno y gobernanza del sistema de CTI, el doctor Guillermo Funes Rodríguez, coordinador general del FCCyT, sostuvo que la ciencia, la tecnología y la innovación se están volviendo el esquema sobre el cual giran los desarrollos internacionales, sin embargo, México no ha avanzado a la misma velocidad que otros países y no se está considerando el futuro ni las grandes tendencias de la oferta y la demanda, aun cuando debieran “tener la más alta prioridad en el diseño de cualquier política y estar en todas y cada una de las acciones”.

Es indispensable comprender “que la palabra innovación no significa algo sofisticado, sino hacer las cosas mejor, al menor costo y responder a las necesidades” para las cuales se trabaja, por lo que en una primera instancia el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología debe crear un proyecto de innovación estratégico que fije objetivos, mientras los ámbitos social y privado deben verter sus metas y visiones de un futuro, y el sector público debe dar las prioridades sobre las cuales ese conjunto de ciudadanos y organizaciones participen, expresó.

La doctora Cristina Puga Espinosa, docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), refrendó la exigencia de que se dé voz a todos los interesados en el fortalecimiento de la ciencia mexicana, pues “a eso se refiere el concepto de gobernanza tal y como se está usando en el vocabulario democrático”.

La socióloga citó las características que los espacios relacionados con las decisiones de política científica deben tener: horizontalidad, inclusividad, pluralidad y respeto al conocimiento experto.

Carlos Iván Moreno Arellano, coordinador general Académico y de Innovación de la Universidad de Guadalajara (UdeG), coincidió en que un sistema nacional eficiente debe pensarse y reconstruirse, en gobernanza colaborativa, pero también, como un segundo principio, es relevante reformar las capacidades del Estado, ya que la clave es afianzar éste en su liderazgo y no debilitar ni castigar a la iniciativa privada, lo que debe estar imbuido en la ley y en los esquemas de contribución y gobernanza.

Una tercera máxima es la libertad académica, ya que el fortalecimiento de las instituciones de educación superior implica que éstas y los centros públicos de investigación tomen sus propias decisiones en los asuntos críticos que les conciernen y con sus propios procesos para emplear los límites del conocimiento y expandir las posibilidades humanas.

Todo lo anterior se logra con inversión, por lo que no se puede partir de un Estado austero debido a que de 2011 a la fecha, los recursos en ciencia y tecnología nunca han sido mayores a 0.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Desde 2015, “tanto el ramo 11 como el 38 del presupuesto público federal se ha reducido y quizás estamos presenciando el proceso de mayor desinversión en educación superior; no podemos pensar en impulsar un modelo innovador con ocho por ciento de matrícula en posgrado, de la cual sólo uno por ciento está en doctorado”.

Las intervenciones de los especialistas en la Mesa –moderada por el doctor Fernando Fabián Rosales Ortega, académico del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE)– fueron comentadas por los doctores Jorge Cadena Roa, académico de la UNAM; Lorena Ruano Gómez, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE); Alberto Olvera Rivera, miembro de la Universidad Veracruzana (UV), y Oscar Contreras Castellanos, adscrito al Colegio de la Frontera Norte (COLEF).

El Foro Interuniversitario: Jornadas de reflexión sobre el sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación que demanda el futuro, convocado por diez instituciones de educación públicas y privadas del país, entre ellas la UAM, tendrá actividades vía remota hasta el viernes 30 de abril.