Por: Redacción/

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) está abierta a la rendición de cuentas y la transparencia, pues “no podemos escudarnos en nuestra autonomía, ya que el presupuesto proviene del erario público” y se debe informar a la sociedad, aseguró el doctor José Antonio De los Reyes Heredia, secretario general de la Casa abierta al tiempo.

Esta Institución es una entidad autónoma y no puede ser tratada como una dependencia estatal, pues es capaz de administrarse, además de que en las escuelas de educación superior existe la disposición a rendir cuentas dentro de esa facultad, pero no hay que perder de vista “lo que somos y cuando defendamos esa esencia todos juntos vamos a ser exitosos, así que en el momento que sea considerada una nueva Ley General de Educación Superior tendremos que estar muy atentos y unidos”.

Por tanto “es importante aceptar que se nos audite, considerando el ejercicio de nuestra autonomía para la realización de las labores sustantivas de docencia, investigación y preservación y difusión de la cultura, por lo que no estamos pidiendo trato especial, sino que se tome en cuenta la contribución que hacemos a la sociedad”, la cual “no nos tiene que ver como cajas negras cerradas sino como entes que existen para contribuir a la formación de profesionales”, refirió.

La propuesta de Ley General de Educación Superior –aún no firmada por el Ejecutivo Federal– impactará en términos presupuestales a las universidades públicas, aun cuando los recursos se mantengan iguales, pues han disminuido en términos reales, y también habrá que estar atentos a las leyes secundarias y sus reglamentos, precisó en el Foro CSH: Autonomía, gobernanza y financiamiento en las universidades públicas mexicanas.

Sin los ingresos óptimos, “no se han podido realizar trabajos de reforzamiento de infraestructura de algunos edificios viejos de la UAM ni hacer frente al incremento de la matrícula con modelos híbridos durante la actual pandemia del COVID-19, así como la transición de personal académico o un retiro digno”.

En síntesis, “la falta de recursos lleva a la afectación de funciones sustantivas que pudieran agravarse con la entrada en vigor de esta norma si no hay una ruta para establecer un incremento del presupuesto, acorde con lo que se va a dejar de recibir”.

El Secretario General de la UAM explicó que entre marzo y abril de 2020 se determinaron reuniones vía remota, primero en el Colegio Académico y después en el resto de órganos, de tal suerte que se pudo avanzar y aprobar, por ejemplo, cambios en el Reglamento del Alumnado, así como las Políticas Transversales para Erradicar la Violencia por Cuestiones de Género, amén de otras modificaciones reglamentarias.

La matrícula puede incrementarse, aunque se llegará de nueva cuenta a la falta de recursos financieros, ya que la Universidad opera bajo principios de austeridad, pero debe seguir cumpliendo sus funciones, por lo que el gobierno federal debe “voltear a ver nuestras instituciones como capaces de aumentar el número de alumnos, siempre y cuando construyamos rutas de entendimiento acompañadas de un apoyo económico para hacerlo”.

El doctor De los Reyes Heredia resaltó la contribución de la comunidad universitaria en momentos de crisis sanitaria y recordó que la Casa abierta al tiempo ofrece un curso gratuito para las brigadas de vacunación, el cual ha sido acogido por varias casas de estudio.

El doctor Andrés Lozano Medina, académico de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), coincidió en que la rendición de cuentas debe llevarse con pleno respeto a la autonomía y que la Ley General de Educación Superior “nos pegará de manera diferenciada”.

La UAM con sus cinco sedes “vive una situación completamente distinta a la UPN por su cercanía a la Secretaría de Educación Pública (SEP), por lo que hay que ir evaluando cómo nos afectará en diferentes planos e instituciones, pero esta discusión puede abrir líneas de debate sobre el tema”.

Si bien dicha Ley no ha sido ni firmada ni derogada, ahora que el Estado garantiza como un derecho el acceso a la educación superior, “se desconoce si fueron tomadas en consideración las anotaciones de los actores involucrados en algunos de los 60 foros previos en que participaron la Secretaría de Educación Pública, legisladores y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) en torno a la autonomía”.

La doctora Rocío Huerta Cuervo, profesora del Instituto Politécnico Nacional (IPN), refirió que si bien la legislación puede representar la posibilidad de integrar otra visión del sector, “también preocuparía que con la intención de querer sobrerreglamentar lo ya existente, las universidades y organismos autónomos vean limitada su independencia”.

En una época en la que se habla de reducción de recursos y austeridad, se propone crear “instancias que evidentemente van a tener un costo que debería irse a las propias organizaciones de educación superior”, señaló.

El acompañamiento de organismos de vigilancia “no me parece que corresponda a una idea de uso eficiente de los recursos públicos”, concluyó en el conversatorio, moderado por el doctor José Luis Sampedro Hernández, académico del Departamento de Estudios Institucionales de la Unidad Cuajimalpa quien, junto con el doctor Javier Rodríguez Laguna, jefe del Departamento de Sociología de la Unidad Iztapalapa, coordinó el Foro CSH: Autonomía, gobernanza y financiamiento en las universidades públicas mexicanas.