• La corrupción conlleva un alto costo político dado en términos del daño que provoca a la confianza pública en las instituciones y representantes.

Por: Redacción/

Para combatir la corrupción, el derecho a la información, la transparencia y la rendición de cuentas han probado ser herramientas fundamentales al interior de las democracias representativas para controlar el abuso de poder por parte de los servidores públicos y garantizar que se conduzcan con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, aseveró el Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX), Julio César Bonilla Gutiérrez.

Al participar en la conferencia “El combate a la corrupción desde el punto de vista de los poderes públicos”, que se impartió a estudiantes de primer y quinto semestre de las licenciaturas de Derecho y Negocios de la Universidad del Valle de México (UVM), Bonilla Gutiérrez recordó que América Latina es una de las regiones con mayores índices de corrupción pública.

“La corrupción conlleva un alto costo político dado en términos del daño que provoca a la confianza pública en las instituciones y representantes, soporte fundamental de todo sistema político democrático, pues se relaciona con la legitimidad”, subrayó.

Comentó que la corrupción se puede definir como el uso del poder y los recursos públicos para beneficio personal o de grupo; es una conducta que contraviene normas legales, que puede realizarse de modo individual, coordinado u organizado y en muchas ocasiones es una conducta en la que, lamentablemente, también participa la ciudadanía.

Bonilla Gutiérrez explicó a los estudiantes de la UVM que la corrupción puede tener sanciones civiles, administrativas y penales tanto para personas servidoras públicas como para particulares.

Refirió que conductas como el soborno, tráfico de influencias, participación ilícita en procedimientos administrativos y colusión son algunos ejemplos de corrupción que están previstos en la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, legislación que también prevé sanciones para los particulares vinculados con faltas administrativas graves.

El Comisionado Presidente afirmó que la corrupción en nuestro país representa alrededor de entre 9 y 10% del Producto Interno Bruto, recursos que bien pudieran destinarse para obras públicas, educación, mejora de servicios, entre otras acciones en beneficio de las personas.

La corrupción -dijo- no es un problema cultural ni tampoco es exclusivo del servicio público; «es un problema de representación política que redunda en una crisis de legitimidad y afecta “la capacidad del sistema político para crear y mantener la creencia de que las instituciones políticas existentes son las más apropiadas y adecuadas para la sociedad”».

Sobre el tema de las contrataciones públicas, el Comisionado Presidente del INFO CDMX, comentó que pueden ser un detonador de desarrollo y bienestar social, y para evitar posibles actos ilícitos es indispensable contar con una planeación presupuestaria y evaluación del gasto.

Aunado a lo anterior -agregó-, debe haber transparencia en las decisiones públicas; análisis, diseño institucional y mejora de procedimientos para realizar compras públicas; metodologías, uso de datos y plataformas digitales para evaluación de riesgos; pero, sobre todo, hace falta tener la “cultura de la denuncia”.

“El combate a la corrupción nos involucra a todos; el no hacer nada nos afecta también a todas y a todos. Sociedad y gobierno debemos cerrar filas en contra de este flagelo”, puntualizó.

En la conferencia también participó el presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso de la CDMX, diputado Carlos Castillo Pérez, quien comentó que, para combatir la corrupción, la educación y la transparencia son dos valores que confluyen para mejorar la calidad de vida de las personas y erradicar ese problema.

Destacó que la transparencia proactiva ayuda a erradicar actos de corrupción en el quehacer público, ya que son las actividades que promueven la identificación, generación, publicación y difusión de información adicional o complementaria a la establecida con carácter obligatoria prevista en la ley.

Castillo Pérez refirió que la corrupción toma diversas formas, como: cohecho, peculado, desvío de recursos públicos, utilización indebida de información, abuso de funciones, usurpación de funciones, actuación bajo conflicto de interés, contratación indebida, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, encubrimiento, desacato, obstrucción de la justicia y nepotismo.

Ante el cuestionamiento de cómo se combate la corrupción, afirmó que desde el ámbito público existen algunos ejes primarios como la presentación de la declaración patrimonial, fiscal y de intereses; en tanto que desde el ámbito privado uno debe comportarse con ética y responsabilidad social.

“La forma de combatir la corrupción es ejerciendo un servicio público con ética, transparencia y corresponsabilidad social. La responsabilidad social es la contribución y mejora la calidad de vida de las familias”, indicó. Por último, exhortó a los estudiantes a tener una conducta transparente.

“Desde el servicio público debe haber una conducta transparente y honrada. En el pasado era una práctica común que los congresistas aceptaban favores para legislar sobre algún tema de interés en particular, pero en esta primera legislatura del Congreso de la CDMX ya no se acepta dinero a cambio de legislar a favor de ciertos grupos o intereses”, concluyó.