Por: Oscar Nogueda/

En la presentación del  Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2018, el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, afirmó que México no podrá superar la situación de inseguridad y justicia si no se atiende los problemas del sistema penitenciario.

Ante ello, la CNDH señalo, de manera reiterativa,  la necesidad de diseñar  y desarrollar políticas públicas que promuevan la justicia social y restaurativa. Así como,  promover condiciones dignas de encarcelamiento.

” Los centros penitenciarios, si no se atienden y vigilan, pueden ser focos o factores que propicien inseguridad, violencia, corrupción y, paradójicamente, impunidad. Lograr la efectiva reinserción social de quien está privado de su libertad sigue siendo más una aspiración que una realidad concreta”, declaró Luis González.

Asimismo, la Comisión Nacional  alertó sobre el riesgo de que se rebasen los espacios penitenciarios con la prisión preventiva oficiosa. ““Va a crecer potencialmente la población penitenciaria, es el riesgo y no tenemos resuelto, por lo menos en el ámbito local, el tema de una reclasificación adecuada en once centros. Por eso, cuando se toman las medidas, deben ser integrales”, sostuvo González Pérez.

El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2018 reveló que  los centros de reclusión de Guanajuato, Querétaro y  Coahuila fueron los que tuvieron las mejores condiciones, mientras que,  los de Veracruz, Sinaloa, Zacatecas, Hidalgo, Guerrero, Nayarit, Baja California Sur y Tamaulipas fueron los de peor condición.

Por otro lado,  Luis González apuntó que la cancelación de las Islas Marías como centro de reclusión  no obedeció a un camino de la reinserción social. Además,  indicó que era  de los mejores centros penitenciarios  del país. “Cuando se trata de más de un derecho humano, hay que ponderar los derechos y hacerlos compatibles; yo creo que debió buscarse la mejor alternativa entre lo ecológico y el principio de la reinserción social, y no creo que abone a ese principio”, declaro el Ombudsperson nacional.

Por último, manifestó  la necesidad  de establecer una política criminológica integral que considere a la policía, Ministerios Públicos, Aparato de Administración de Justicia y al tema de la reinserción social de los reclusos.