• Estamos ante un escenario complejo que obliga a administraciones estatales y actores internacionales y locales a buscar soluciones en el marco de los desafíos apremiantes provocados por la crisis sanitaria.

Por: Redacción/

Los países tienen la imperiosa necesidad de integrar la variable de sostenibilidad en sus planes de recuperación económica y considerar que después de la pandemia del COVID-19 deberán destinarse grandes recursos, tanto de capital técnico como naturales, consideró la maestra Luciana Abreu en las Jornadas virtuales sobre derecho ambiental 2020 organizadas por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

“Estamos ante un escenario complejo que obliga a administraciones estatales y actores internacionales y locales a buscar soluciones en el marco de los desafíos apremiantes provocados por la crisis sanitaria”, ya que reportes y estudios dan cuenta de cifras contundentes: el Fondo Monetario Internacional espera para 2020 una contracción de 5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) global, lo cual da la pauta de la urgencia de reconvertir y pensar estrategias para el proceso de rehabilitación, sostuvo la profesora de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.

El Acuerdo de París probará en la práctica que si se quiere una agenda mundial para afrontar los escenarios de retracción por los cuadros de crisis sanitarias debido al coronavirus SARS-CoV-2 y otras enfermedades, no se cuenta con una ingeniería jurídica, pues la que rige a las naciones está aún en construcción.

La situación muestra cómo los discursos de organismos centran su atención en compatibilizar planes de recuperación y resoluciones complementarias, tales como incentivar el diseño e implementación de políticas públicas que incorporen las dimensiones para una recuperación sostenible combinando niveles de desarrollo humano, así como aspectos sociales y culturales que definen al ser humano como persona.

La pandemia “nos está enseñando que es imperativo proponer salidad sostenibles, si se quiere que mejoren las resiliencias de nuestras sociedades y que estemos preparados para el futuro garantizando empleabilidad y trabajo verde, con ingresos que puedan mantenerse y dimensionando la realidad de la crisis climática”,

En suma, en este contexto complejo, “el COVID-19 nos deja varios aprendizajes o lecciones en el marco de una posible recesión y la redefinición de la dinámica entre patrones de producción y consumo, que ahora han demostrado que son insostenibles y exigen la reformulación de determinados conceptos para garantizar una gestión sostenible de los recursos”, detalló la coordinadora del Programa de Derecho del cambio Climático de la institución argentina.

México “es un temprano jugador en materia climática”, como prueba la reciente emisión de un bono soberano sostenible por valor de 750 millones de euros, cifra que demuestra que el país tiene muchas actividades en esta materia. También la instalación del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), que desde hace años está en el corazón de una estrategia sólida de eficiencia energética y transición hacia una economía más sostenible, al tratarse de una instancia muy activa en el financiamiento de proyectos, explicó el doctor Claudio Lutzky, director del Programa referido de la Universidad de Buenos Aires.

Los organismos multilaterales son muy dinámicos –en especial los bancos Mundial e Interamericano de Desarrollo– respecto de la orientación de fondos para iniciativas que reviertan el cambio climático, ya que una nación desarrollada interesado en reducir la emisión de gases efecto invernadero puede invertir en otra con recursos y tecnología, puntualizó.

Las Jornadas virtuales sobre derecho ambiental 2020 fueron organizadas por la División de Ciencias Sociales y Humanidades y la Maestría en Derecho de la Unidad Azcapotzalco de la Casa abierta al tiempo.