• La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia contempla esta medida, pero hay inconsistencias, vacíos y posibilidades de mejora para hacerla efectiva.

Por: Javier Divany Bárcenas/

Los marcos legales y de políticas se han quedado cortos en integrar medidas necesarias para nombrar a los hombres que ejercen violencia contra las mujeres, hacer justicia y garantizar su no repetición, afirmó la diputada Martha Tagle Martínez de Movimiento Ciudadano.

La diputada Martha habló durante los trabajos del foro virtual para la presentación y análisis del Proyecto de Iniciativa legislativa en materia de trabajo reeducativo con hombres que ejercen violencias contra las mujeres.

Al respecto, cuestionó ¿cuál es la responsabilidad masculina?, “pues son ellos los que están sobrerrepresentados en las estadísticas como responsables de violencia en hogares, violencia sexual, feminicidios, y nosotras no podemos seguir respondiendo por ellos”.

Dijo que la iniciativa, propone armonizar criterios de trabajo reeducativo con hombres que han ejercido violencia contra mujeres y niñas y responder a su complejidad. Se busca una transformación individual y colectiva que vaya más allá de la sanción legal y punitiva, y al mismo tiempo permita un proceso de transformación social que inicie desde los hombres.

Añadió que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia contempla esta medida, pero hay inconsistencias, vacíos y posibilidades de mejora para hacerla efectiva.

Agregó que “la realidad mexicana ha comprobado ser violenta contra las mujeres en este país” y se manifiesta como expresión de las desigualdades sociales basadas en el género; además, las violencias contra mujeres y niñas configuran un abanico de espacios y culturalidades que evidencian la falta de seguridad y justicia.

Expresó que a inicios de 2020 había 13 entidades federativas con Declaratorias de Alerta de Género por parte de la Secretaría de Gobernación, y para este año aumentaron a 18.

La Red Nacional de Refugios informó que la violencia familiar alcanzó cifra récord en mayo de 2021 con casi 24 mil casos. En junio de este año el Consejo Nacional de Población reportó que 88.2 por ciento de las víctimas de violencia en los hogares fueron niñas y adolescentes.

Además, en 2020 se alcanzó una cifra récord de delitos sexuales con más de 54 mil casos reportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y en los primeros cinco meses de 2021 los feminicidios aumentaron 7.1 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

Indicó que el recrudecimiento de las violencias se ha advertido desde hace varios años, “por eso nos esforzamos en crear leyes, políticas públicas y presupuestos para cambiar de manera estructural las condiciones que posibilitan las violencias, pero frente al poder hegemónico y en medio de la pandemia, vemos con preocupación que la situación ha empeorado y nuestros esfuerzos no son suficientes”.

Se debe reconocer el feminicidio como emergencia nacional, dijo la diputada Wendy Briceño Zuloaga (Morena), presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, señaló que debe haber una responsabilidad del Estado en estos temas, y las mujeres hemos señalado que se debe reconocer el feminicidio como emergencia nacional y colocarlo como una prioridad que atraviese todas sus acciones, instituciones y presupuestos.

Expresó que es necesario discutir y poner en el centro “al machismo potencialmente feminicida, o al sistema patriarcal como esa emergencia que debemos discutir para empezar a atenderla en consecuencia”.

Reconoció que se ha avanzado a través de los años, se ha generado conocimiento, debate, discusiones presupuestales, en todo lo que tiene que ver con la progresividad de derechos de niñas y mujeres, pero “necesitamos ahondar ahora en otras discusiones para avanzar socialmente”.

Sobre la iniciativa, el director general de Género y Desarrollo, AC (Gendes), Mauro Vargas, dijo que se define el trabajo reeducativo con hombres que ejercen violencia contra las mujeres como un proceso reeducativo, en el marco de la prevención primaria, mediante el cual los agresores trabajan para erradicar creencias, prácticas y conductas que posibilitan, justifican y sostienen el ejercicio de las violencias contra las mujeres.

Señaló que la prevención implica procesos educativos con los niños en diferentes ámbitos de la sociedad y sectores del Estado, para propiciar la articulación de esfuerzos y que cualquier violencia cese y se garantice la no repetición, “pero no podemos hacerlo si los hombres no asumen sus procesos y su responsabilidad individual y colectiva, más allá de la que se le determine como parte de un debido proceso”.