• Las fórmulas para resolver controversias y divergencias en la modernidad política ya no son suficientes para solucionar los conflictos.

Por: Redacción/

En el abrumador contexto de la crisis de derechos humanos que se vive en México desde hace décadas y con la reciente creación de la Comisión de la Verdad se abre una posibilidad para que en el país se atiendan los postergados reclamos en torno a los principios nodales de la justicia transicional: verdad, equidad, reparación, reivindicación de la memoria y garantías de no repetición que han quedado enquistadas en la cultura política mexicana, expresó el doctor Francisco Javier Ramírez Treviño.

Esto podría lograrse atendiendo dos grandes premisas estructurales para la nueva comisión: a partir de un trabajo profesional y ético sobre la apertura de los archivos de la represión, la recopilación de testimonios de las víctimas y sus supervivientes y la labor forense en torno a las exhumaciones y conociendo y aprovechando los aprendizajes de otras experiencias de justicia transicional en América Latina, como los de Argentina, Guatemala o Perú.

Durante su intervención en el Coloquio Expresiones de la Cultura Política. ¿Ruptura o transición de paradigmas?, organizado por la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Ramírez Treviño explicó que la justicia transicional se refiere a una serie de medidas, procesos y estrategias que las sociedades han afrontado en un pasado reciente sobre la violencia y que se visibilizan en el presente con miras a una reconfiguración de su pacto social, de sus normas de convivencia y con la necesidad de una apuesta de futuro.

El investigador del Departamento de Humanidades en esa sede académica refirió la intención política del gobierno foxista de crear una fiscalía especial de impartición de justicia para el esclarecimiento histórico, a partir de una serie de recomendaciones dictadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre las graves violaciones a los derechos humanos que el Estado ejerció contra disidentes del régimen fuera del marco jurídico.

Esta instancia pretendía llevar a cabo la investigación y documentación de los movimientos armados que tuvieron confrontación con el Estado mexicano de finales de los años sesenta y mediados de los años ochenta del siglo pasado, es decir, el periodo reconocido como el de mayor violencia en el contexto de la guerra sucia.

La fiscalía dividió sus investigaciones en dos grandes campos diferenciados, aunque también históricamente relacionados y jurídicamente vinculados: las masacres de estudiantes del 2 de octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971, por un lado, y los hechos relacionados con la guerra sucia en todo el país, en particular durante la década de 1970, por otro, y tras una serie de conflictos políticos y mediáticos, fracasó en los objetivos que se había propuesto y al finalizar el sexenio desapareció.

Ramírez Treviño señaló que en el ámbito de la justicia transicional esta nueva Comisión de la Verdad ofrece un panorama tanto prometedor como desafiante en el que los errores y deficiencias del pasado podrían ser revertidos por medio de un trabajo exhaustivo, multidisciplinario, comprometido y ético.

“Esta renovada y acaso prometedora comisión mexicana también podría funcionar como un punto de partida necesario y una experiencia renovadora que haga explícito que los crímenes, los desaparecidos y los muertos de la guerra sucia son y están tan presentes como los muertos y desaparecidos de la guerra contra el narcotráfico”.

El doctor Saúl Jerónimo Romero, jefe del Departamento de Humanidades de la Unidad Azcapotzalco, advirtió que es importante analizar el papel que juegan las élites intelectuales y políticas, medios de comunicación, partidos, ideologías, instituciones y empresas dedicadas a hacer propaganda y mercadotecnia en el debate que se desarrolla en las redes digitales.

También se debe poner énfasis en el papel que juega la ciudadanía y hacia dónde apunta, si son conscientes o más bien desmovilizados, si tienen o no un proyecto o una agenda de acción, ya que “estamos frente a un proceso de apertura y control en el que los ciudadanos interesados en cuestiones públicas actúan opinando en una relación constante con otros usuarios para convocar a acciones colectivas denunciando, proponiendo y movilizando.

Las fórmulas para resolver controversias y divergencias en la modernidad política ya no son suficientes para solucionar los conflictos, ni las grandes ideologías sirven para plantear un rumbo único para las sociedades contemporáneas, aseguró el doctor Jerónimo Romero.

Lo que estaba institucionalizado en la modernidad política tenía que ver con la existencia de grandes corrientes ideológicas y el poder del pueblo se expresaba a través del ejercicio del voto.

Ahora parece hacerse realidad el viejo anhelo de la intervención masiva en el debate público; el desencanto hacia los grandes proyectos políticos, la globalización, el uso generalizado de las tecnologías de la información, con todos sus efectos contradictorios, y la irrupción de las mayorías en la esfera de la comunicación política que ha dado pie a esta participación como nunca antes se había visto.

Hoy en día hay una batalla cotidiana por parte de los actores tradicionales en espacios virtuales con la intención de controlar la comunicación política, en la que parece no haber control ni dirección, pero en la cual los medios digitales se han convertido en ventanas para conocer lo que el común de la gente siente y percibe sobre la vida política.