Por: María Manuela de la Rosa Aguilar/

Se habla mucho del Estado fallido en México, dados los crecientes y altísimos índices de inseguridad, así como de la impunidad, que parece ser ya el símbolo nacional y no se diga de la corrupción, que no sólo disminuye, sino que se ha instalado como un virus en América Latina y por lo visto tiende a ser una epidemia global.

Vemos como los abusos de poder y las motivaciones de intereses personales y particulares en la toma de decisiones de los gobernantes se hacen cada vez más evidentes, lo vemos día a día con todo descaro en el país más poderoso del mundo, en manos de Donald Trump, un empresario inescrupuloso a quien no le importan las consecuencias de sus actos, siempre y cuando se haga su voluntad en aras de sus propios beneficios.

Pero, ¿que pasa en América Latina? ¿qué pasa a nivel global? ¿es un síntoma de las deficiencias de la democracia?

Ciertamente los sistemas políticos, cualquiera de ellos, tienen sus bondades y desventajas, no hay régimen de gobierno perfecto y la complejidad de gobernar un Estado requiere de instituciones sólidas y profesionales, más allá de cualquier subjetividad, no se puede soslayar la responsabilidad que adquiere un Jefe de Estado y menos ir en contra de la normatividad de la administración pública, de las instituciones que están al servicio del buen gobierno. No se puede eludir la responsabilidad hacia el país, que es un ente abstracto; y menos a los ciudadanos, que individualmente se diluyen anulando cualquier capacidad de acción. La patria no es sólo para que los militares entreguen su vida por ella, porque es de todos y cada uno de los que integran una nación.

Sin embargo, el ciudadano de manera individual y colectiva no tiene porqué hacerse cargo del Estado, para eso ha delegado su poder a través del voto y el Estado tiene la obligación impostergable de proporcionarle:

Seguridad y hacer valer el estado de derecho.

Proteger sus derechos humanos y fundamentales.

Promover el bienestar social

Propiciar el desarrollo social, político y social.

Procurar la estabilidad y la paz.

Velar por la realización de los valores universales

Combatir la pobreza, la desigualdad y la exclusión.

Sin embargo, lejos de promover el equilibrio que genere estabilidad, los gobernantes se dedican a dividir, a generar encono y odio, olvidando además los buenos oficios diplomáticos en sus políticas exteriores, a mantenerse insensibles ante los reclamos sociales más elementales como la protección de la vida, la salud y la seguridad, premisas son las cuales no es posible que un Estado funcione.

Independientemente de las motivaciones personales, ideológicas y políticas, el gobierno tiene la obligación de cumplir con sus funciones, de gestionar a través de las instituciones, no de destruirlas con decretos motivados por las emociones, sino trabajar de manera profesional y ética en beneficio de los electores, que a fin de cuentas son los verdaderos patrones. Pero esta obligación no se cumple y los pueblos latinoamericanos, como muchos otros del orbe, han llegado a la desesperación, porque las marchas, los levantamientos y protestas no han sido gratuitas.

Basta ver las inconsistencias que nos reflejan los datos duros: no es posible que  la riqueza de un país no corresponda al nivel de bienestar general, porque la producción no la generan sólo los dueños de los capitales, sino todos los que participan en la cadena productiva, ya sea industrial  o de servicios. No puede ser que un país rico tenga ciudadanos miserables y menos que ocupe los primeros lugares en niveles de pobreza. ¿Dónde está el Estado para combatir la pobreza? ¿qué hace el Estado para propiciar el desarrollo político y social, para proporcionar seguridad, para dar estabilidad, para generar certidumbre?

Esto es un problema grave no sólo de incompetencia del gobierno, sino el caldo de cultivo perfecto para la descomposición social, que ya vivimos, no sólo en México, sino en todo América Latina.

De acuerdo a datos del FMI del 2019, estos son los países de la región con mayores índices de producto interno bruto:

  • Brasil: USD 1 909 386 000
  • México : USD 1 199 264 000
  • Argentina: USD 475 429 000
  • Colombia: USD 336 940 000
  • Chile: USD 299 887 000
  • Perú: USD 228 944 000
  • Ecuador: USD 108 401 000
  • Venezuela: USD 96 328 000
  • Guatemala: USD 79 109 000
  • Panamá: USD 66 031 000
  • Uruguay: USD 60 933 000
  • Costa Rica: USD 60 816 000
  • Paraguay: USD 41 851 000
  • Bolivia: USD 41 833 000
  • El Salvador: USD 25 855 000
  • Honduras: USD 23 835 000
  • Nicaragua: USD 13 380 000

Y este es  el ingreso pér cápita:

  • Uruguay: USD 17 379
  • Chile: USD 16 143
  • Panamá: USD 15 877
  • Costa Rica: USD 12 095
  • Argentina: USD 10 667
  • México: USD 9 614
  • Brasil: USD 9 126
  • Perú: USD 7 118
  • Colombia: USD 6 761
  • Ecuador: USD 6 301
  • Paraguay: USD 5 933
  • Guatemala: USD 4 582
  • El Salvador: USD 4 041
  • Bolivia: USD 3 719
  • Venezuela: USD 3 300
  • Honduras: USD 2 829
  • Nicaragua: USD 2 126

Podemos ver como Brasil, México y Argentina ocupan los primeros lugares por sus ingresos del producto interno bruto, esto es, lo que producen, que indica claramente que son los países más ricos de América Latina; sin embargo, considerando el ingreso per cápita, Brasil, el más rico, ocupa el 7º lugar, México el 6º y Argentina 5º, por lo que podemos ver claramente una inequidad respecto a la distribución de la riqueza.

Y más, si tomamos en cuenta los ingresos de acuerdo al salario mínimo, cuyo ranking está así:

  • Chile: USD 431 ($ 301 000 pesos chilenos)
  • Uruguay: USD 428 ($ 15 000 pesos uruguayos)
  • Ecuador: USD 394
  • Guatemala: USD 388 (Q. 2992,37 quetzales)
  • Honduras: USD 381 (L 9443,24 lempiras)
  • Paraguay: USD 336 (₲ 2 112 562 guaraníes)
  • Bolivia: USD 307 (Bs 2122)
  • Argentina: USD 279 ($ 12 500 pesos argentinos)
  • Perú: USD 279 (S/ 930 soles)
  • Panamá: USD 265 (฿ 265,20 balboas panameños)
  • Brasil: USD 257 (R$ 998 reales)
  • Colombia: USD 257 ($ 828 116 pesos colombianos)
  • El Salvador: USD 203 ($ 202,88 dólares)
  • México: USD 159 ($ 3123,18 pesos mexicanos)
  • Nicaragua: USD 125 (C$ 4176,49 córdobas)
  • Venezuela: USD 6 (Bs. 40 000 bolívares)

Brasil, el país más rico, ocupa el 12º lugar en nivel de salario mínimo, México el 15º y Argentina 9º lugar, lo cual indica no sólo la inequidad, sino la incoherencia económica que se vive, en donde la justicia es la gran ausente.

Aunado a lo anterior, veamos los índices de pobreza, en donde los países más ricos de América Latina también reflejan una gran deuda social. De acuerdo con datos del Banco Mundial del 2019, estos son los porcentajes de la pobreza:

Honduras 52.6 %

Guatemala 48.8%

Venezuela 35.6 %

México 34.8 %

Nicaragua 34.8 %

El salvador 29 %

Colombia 27.6 %

Bolivia 24.7%

Perú 23.9%

Ecuador 23.2 %

Brasil 21 %

República Dominicana  19.9%

Paraguay 18.6%

Panamá 14.1 %

Argentina 7.1 %

Chile 6.4 %

Uruguay 2.9 %

Brasil con un 21 % de nivel de pobreza, México 34.8 % y Argentina 7.1 %. Este último al menos no está en los primeros lugares.

Por lo visto, no se puede esperar que exista estabilidad social ante esta realidad. Amén de los graves problemas de seguridad y violencia que se viven, en donde el bienestar social tiene mucho que ver con los ingresos de las personas. Y a este punto nos preguntamos ¿qué están haciendo los gobiernos? Es evidente que el Estado no cumple con sus obligaciones primigenias, la desesperanza social ya se está expresando y es un riesgo para la seguridad nacional, que pareciera no importarle a nadie.