Por: Redacción

El diputado Armando Soto Espino, presidente del Comité de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados, y con el apoyo de sus compañeros integrantes de dicho Comité, reiteró su solicitud a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Secretaría de Gobernación para indemnizar a los sobrevivientes o familiares de los agredidos durante la llamada “guerra sucia” en la década de los 70´s del siglo pasado.

En particular, pidió cumplir con lo previsto en la ley para quienes integran la Asociación Civil Defensores en el Esclarecimiento de los

Años 70-74, A.C., encabezados por la señora Eliazar Peralta Santiago, de Atoyac, Guerrero, quienes desde hace dos años fundamentaron su petición y a quienes, sin embargo, se les han incumplido diversos compromisos.

Las personas integrantes de dicha agrupación cuentan con la inscripción RNV/CEAV/9/R/2/2014 del Registro Nacional de Víctimas y desde el 17 de marzo de 2015 han peregrinado por la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Gobernación (Segob), la mencionada Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Presidencia de la República y otras instancias para que se les repare el daño del que fueron objeto y; sin embargo, no se les ha atendido.

Incluso hace más de un año, la Segob se comprometió a gestionar ante la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) apoyos sociales y productivos para los integrantes de esta asociación civil.

La desatención ha sido tal que incluso varios miembros del grupo han fallecido de diversas enfermedades y dolencias físicas, entre ellas las derivadas de las torturas y maltratos psicológicos de las que fueron víctimas ilegalmente hace más de 40 años a manos de elementos policiacos, militares o paramilitares del gobierno mexicano, secuelas todas que se agravaron con el paso del tiempo y la ancianidad.

La desatención por parte las instancias gubernamentales en los últimos dos años los motivó a solicitar apoyo a la Cámara de Diputados a finales de enero pasado y desde entonces el legislador Armando Soto Espino, como presidente del Comité de Información, Gestoría y Quejas de este órgano legislativo, dirigió oficios a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para solicitar que se les atienda y se les cumpla la indemnización a que tienen derecho, conforme lo establece la Ley General de Víctimas.

A tres meses de distancia, continúa el desaire y el menosprecio a los reclamos de los afectados por la “guerra sucia” –es decir, una guerra al margen de la ley- del gobierno en contra de quienes aspiraban desde entonces a un México más justo.

El diputado Armando Soto Espino, a nombre del Comité en su conjunto, reitera su exhorto a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para dejar de lado su actitud negligente hacia estas personas y a atenderlas conforme a sus obligaciones legales, pues ni estas obligaciones ni la calidad de víctimas de los peticionarios están en duda.