• Jueza ordenó a Francisco Garduño y Antonio Molina cumplir con las medidas de protección a la población migrante en 24 horas, de lo contrario serán denunciados ante el Ministerio Público Federal por el incumplimiento de una resolución judicial.

Por: Oscar Nogueda/

Vicenta Margarita González Vega, Secretaria en funciones de Jueza de Distrito, y Jair Sandoval Jiménez, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa sentenciaron que el Instituto Nacional de Migración (INM) incumplió las medidas dictadas en el amparo 426/2020, las cuales tienen el objetivo de preservar la vida y salud e las personas migrantes, así como de solicitantes de asilo detenidos en las estaciones migratorias en el contexto de la crisis sanitaria.

Por ello, las jueza González Vega determinó que Francisco Garduño Yáñez, Comisionado del INM, y Antonio Molina Díaz, Director General de Control y Verificación Migratoria, deben coordinar y vigilar el cumplimiento de las medidas de dicho amparo, además las autoridades migratorias deberán presentar resultados, sustentados en pruebas contundentes,  del cumplimiento de esta resolución judicial.

La disposición judicial mencionó que Francisco Garduño y Antonio Molina tienen 24 horas para dar cumplimiento a dichas medidas y tres días para demostrar con pruebas el cumplimiento de esta suspensión de amparo. En el caso de que los funcionarios públicos incumplan con la orden de la jueza, serían denunciados ante el Ministerio Público Federal por el incumplimiento de una resolución judicial.

“Luego de casi cuatro meses de emitida la suspensión de amparo y la nula y contradictoria información de las autoridades competentes sobre los protocolos que se aplican para prevenir la transmisión del COVID-19 dentro de las estaciones migratorias y estancias provisionales, así como el número de personas detenidas en las mismas, la Jueza determinó que tanto el Comisionado como el Director General de Control y Verificación Migratoria del INM deberán de concentrar la supervisión del cumplimiento de la suspensión, no sólo a través de oficios informativos a todas las dependencias, sino que esta vez tendrán que agotar todas las medidas necesarias conforme a sus facultades”, señalaron las ONGS.

El 16 de abril del año en curso, distintas ONGS  presentaron un amparo ante el  Juzgado de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México por las omisiones del Presidente López Obrador, la Secretaría de Gobernación, el INM y la Secretaría de Salud para garantizar la salud e integridad de los migrantes y solicitantes de protección internacional detenidas en las estaciones migratorias y estancias provisionales durante la emergencia sanitaria.

El 17 de abril, el Secretario del Juzgado Primero dictó  11 medidas a favor de la salud y la vida de los migrantes, por lo que indicó que el INM debió implementar protocolos de prevención sanitaria  en las 58 estaciones migratorias y estancias provisionales.

Algunas de las medidas que se ordenaron fueron la libertad inmediata de las personas que pertenezcan a grupos vulnerables  y la estancia regular  migrantes en México, un informe detallado sobre el número total de población migrante que se encuentra en las estaciones migratorias, establecer un mecanismo de apoyo económica para esta población y garantizar que ningún menor de edad se encuentre detenido en estos centros de detención.

Por otro lado,la Jueza ordenó a la Secretaría de Gobernación   informar, en 24 horas, las acciones que lleva acabo para cumplir con la estrategia apegada a los programas sociales existentes para que las personas migrantes y solicitantes de asilo tengan la posibilidad de acceder a beneficios económicos  en el contexto de la crisis sanitaria del Covid-19, de acuerdo a lo establecido en el amparo 426/2020.