Por: Oscar Nogueda/

El Juez Arturo Alberto González Fereiro, integrante del Segubdo Distrito de Chihuahua, resolvió establecer medidas de protección sanitarias en beneficio de las personas migrantes y sujetas de protección internacional expulsadas de Estados Unidos.

La resolución judicial dirigida al Presidente López Obrador, al Consejo de Salubridad General, al Instituto Nacional de Migración, a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, entre otras autoridades, ordena que se implementen medidas y protocolos que beneficien los derechos de migrantes, solicitantes de asilo y personas sujetas a protección internacional en México.

Las principales medidas cautelares emitidas por el Juez son que el Presidente destine recursos federales para para la atención y protección de migrantes ante la crisis sanitaria . Al Consejo de Salubridad General se le ordena emitir protocolos para la internación de personas expulsadas desde Estados Unidos, así como dictar medidas generales a favor de este grupo prioritario para contener el contagio de Covid 19 en Chihuahua.

Al mismo tiempo, se exhortó al Consejo Estatal de Población en Chihuahua y al Gobernador del estado, identificar a las personas con necesidades de protección internacional en esta entidad para contar con datos de nacionalidad, edad y sexo.

Este juicio de amparo fue promovido por el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, A.C., Derechos Humanos Integrales en Acción en contra del Consejo de Salubridad General, el Presidente de México, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de Migración, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Salud de Baja California.

Las organizaciones civiles destacaron que esta disposición judicial es un llamado a la coordinación federal y estatal, con el objetivo de establecer acciones que protejan a los migrantes y a la población de Chihuahua.

Igualmente, aseguraron que las autoridades nacionales violan los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo que recibe Estados Unidos al aceptar las expulsiones de ese país, asimismo el Gobierno federal tiene la obligación de brindarles protección, acceso a un debido proceso y a la salud, en México, ante la contingencia sanitaria.

Por último, esta resolución se suma a las emitidas por jueces de Baja California y la Ciudad de México dirigidas a la protección de la salud de dicho grupo prioritario.