Por: Redacción

La senadora Mariana Gómez del Campo propuso reformas a las leyes de la Policía Federal y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a efecto de que la corporación policiaca notifique a la CNDH, previamente a su realización, sobre todos los operativos que tengan por objeto liberar vías generales de comunicación que se encuentren bloqueadas por manifestantes.

Asimismo, que otorgue todas las facilidades para que personal de la Comisión que designe el ombudsman acompañe a los elementos de la Policía Federal a dichos operativos.

La legisladora del Grupo Parlamentario del PAN explicó que esta propuesta se deriva del trabajo de investigación realizado por la Comisión de Seguimiento a los hechos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, el 19 de junio de 2016, el cual busca que en los operativos para liberar vías generales de comunicación que estén bloqueadas se pueda garantizar el respeto a los derechos humanos de los manifestantes.

Con estas medidas, agregó, la CNDH tendrá mayores elementos para la investigación de sucesos posiblemente violatorios de derechos humanos.

Dijo que es un hecho que en varias ocasiones, durante los desalojos realizados por cuerpos policiacos, se han vulnerado derechos humanos, tanto por parte de los manifestantes como de las autoridades.

Señaló que la confrontación entre personas que mantienen un bloqueo y los policías que acuden a liberar la vía en algunas ocasiones es inminente, debido a diversos factores como una mala planeación, inobservancia en los protocolos de actuación o una radical postura de algunos grupos de manifestantes.

Refirió que por hechos similares al ocurrido en Nochixtlán, Oaxaca, la CNDH y los órganos correlativos de diversas entidades federativas se han pronunciado en reiteradas ocasiones acerca del uso excesivo de la fuerza por parte de policías, así como sobre la inobservancia de los protocolos de actuación.

Algunas de las recomendaciones relacionadas solicitan que se dé capacitación a los cuerpos de seguridad publica en materia de derechos humanos y uso de la fuerza utilizado en las manifestaciones, así como para que puedan diferenciar la naturaleza de una marcha, si es pacifica o violenta, a fin de determinar el tipo de operativo, privilegiando siempre el diálogo y diseñar planes de actuación para eventos masivos con programas de operación policial, entre otras medidas.
Lamentablemente, dijo, tanto manifestantes como elementos de diversos cuerpos policiacos se han visto afectados por la violencia que se ha generado en protestas que se tornan violentas.

“En el mejor de los casos escuchamos o leemos sobre heridos, pero en muchas ocasiones la violencia da como resultado el fallecimiento de alguna persona o lesiones que incapacitan de por vida a las víctimas para seguir con sus actividades cotidianas”, subrayó.

La iniciativa se envió a las comisiones de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y dictamen correspondiente.