• Karla Quintana Osuna, titular de la CNB, subrayó que la iniciativa de la nueva ley de la FGR significa el regreso “al pasado más oscuro de la fiscalía”.

Por: Oscar Nogueda/

Integrantes del Colectivo contra la Impunidemia coincidieron que la aprobación de la nueva ley orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) representaría un retroceso en materia de procuración de justicia, además indicaron que no se ha cumplido con la totalidad de las disposiciones que establece la actual ley de la Fiscalía.

“Dos años, en los que la apuesta principal del Fiscal General ha sido cambiar el marco normativo para acomodar las instituciones a su visión, en los que ha dado la espalda a la sociedad y ha convertido a la FGR en una institución más opaca de lo que era”, señala el informe del Colectivo Sin Impunidemia.

Durante la presentación del informe “Balance Ciudadano del segundo año de gestión del Fiscal General de la República”, la Consultora Susana Camacho García subrayó que no existe la suficiente información pública para realizar un diagnóstico sobre la implementación de la legislación vigente.

“No hay información suficiente para saber los problemas para la implementación de la ley, es muy difícil trabajar en una ley completamente nueva, en vez de evaluar la ley actual teniendo sustento en datos concretos”, señaló Camacho García.

En ese sentido, destacó que la iniciativa de la nueva ley elimina la Unidad de Transición y el Centro de Formación y Servicio de Carrera, dos elementos importantes para el  mejoramiento de la FGR. Además, comentó que está pendiente la creación del Consejo Ciudadano de esta institución.

“Aun cuando ha habido avances, con esta nueva legislación se está yendo para atrás. Hay avances que no hay  que echar para atrás. Antes de hacer leyes necesitamos ver diagnósticos sobre la transformación de la fiscalía”, indicó Camacho García.

El informe establece 34 criterios de evaluación sobre los criterios de cumplimiento de la ley, cumplimiento del plan estratégico de transición, plan de persecución penal, autonomía, capacidad de coordinación con otros actores y transparencia y rendición de cuentas. El Colectivo apuntó que solo se cumplieron 2 de los criterios, en 4 no hay información suficiente, hay 20 incumplimientos y 8 incumplimientos parciales.

Marisol Méndez de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), externó que “hay dos graves retrocesos: la  falta de  transparencia y participación ciudadana, lo cual es un grave impacto para la procuración de justicia. Hay un gran nivel de incumplimiento”.

Evelina Guzmán, integrante del Colectivo Justicia y Esperanza, mencionó que las autoridades  ministeriales  realizan cambios repentinos y omiten sus obligaciones en materia de búsqueda de personas, así como no cuentan con un trabajo definido para una investigación de hechos criminales. Al mismo tiempo, denunció que en el proceso legislativo para la creación de la nueva ley, no se ha tomado en cuenta las aportaciones de la sociedad civil y de los colectivos de víctimas.

“Nosotros lo  que queremos es que dentro esta nueva iniciativa seamos escuchados como víctimas. Incluso ahorita no hay un consejo ciudadano establecido, el consejo nos sirve para que seamos escuchados. Necesitamos que haya parlamento abierto respecto a experiencias, que en esta nueva reforma no haya restricciones  y haya transparencia y rendición de cuentas”, apuntó Evelina Guzmán.

La diputada panista Pilar Ortega Martínez enfatizó que se han incumplido muchas de las obligaciones de la FGR, así como que se excluya a la institución de la protección de los derechos humanos.

“Sin la participación de la FGR, es imposible realizar cualquier proceso de búsqueda. Pueden  solicitar cateos, levantamiento de  cadáveres e intervención de comunicaciones para garantizar que los medios de pruebas  sirvan para el acceso a la justicia y buscar personas”, mencionó Ortega Martínez.

Asimismo,  subrayó que la FGR está “supeditada al Ejecutivo, incluso más que cuando pertenecía a esta institución”. Por ello, llamó  a los senadores a rectificar los problemas de esta iniciativa por medio de reservas.

En su intervención, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, cuestionó la razón de cambiar “una ley que no se ha aplicado”. Además, criticó la fragmentación de responsabilidades dentro de la institución.

“Seguimos persiguiendo delito por delito, en lugar de atacar  fenómenos delictivos. Es fundamental  un  comité ciudadano para revisar al poder y una  autonomía en sus decisiones. La autonomía no es  pensar en centralizar la decisión con  ejercicio discrecional”, dijo Nieto Castillo.

Karla Quintana Osuna, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), subrayó que la iniciativa de la nueva ley de la FGR significa el regreso “al pasado más oscuro de la fiscalía”. Aunado a ello, expresó su preocupación  por la exclusión de la institución de los distintos sistemas de protección de derechos humanos, la cual está establecida en la iniciativa de ley.

Hay una ley no se ha  puesto en  evaluación y se  quiere regresar al pasado más oscuro de la fiscalía. Se intenta implementar atribuciones de la fiscalía que no han funcionado, estandarizar un modelo de institución que sabemos que  funciona mal  y profundiza la  confusión por concentra funciones en la figura de ministerio público”, apuntó Quintana Osuna.

También, manifestó que la Fiscalía está ocupando su autonomía para excluirse de los “sistemas que no  le gustan” y sostuvo que se debe discutir una reforma integral de justicia, así como comprender la función de los distintos sistemas de procuración de justicia.

“Si la fiscalía hubieran hechos su trabajo,  no existiría una ley en materia de desaparición y no existiríamos la Comisiones de Búsqueda. Quieren regresar a lo que hacían antes. Esto implica romper con la lucha de las familias”, agregó Osuna Quintana.

Igualmente, precisó que es importante la permanencia de las fiscalías en el Sistema Nacional de Personas Desaparecidas, ya que la CNB no cuenta con las herramientas legales para responder a las necesidades. Por ello, criticó la insistencia de los senadores en aprobar esta iniciativa y no atender las demandas de las instituciones, víctimas y organismos internacionales.

El Colectivo llamó a Alejandro Gertz Manero, Fiscal General, a generar  un proceso de transición abierto y trasparente, no impulsar la nueva ley orgánica de la institución, presentar un diagnóstico sobre los avances y pendientes de la ley actual, llevar a cabo acciones conjuntas con actores nacionales e internacionales y abrir espacios de dialogo con las sociedad civil.

Por último, los participantes exhortaron al Senado de la República a implementar un parlamento abierto para abordar las demandas entorno a la iniciativa de una nueva ley orgánica de la FGR.