Por Vicente Flores

Claudia Paz, integrante del GIEI, las distintas fuerzas puestas en Iguala, desde que salieron de Chilpancingo, hasta que llegaron a Iguala, fueron seguidos por las fuerzas del estado, además que estuvieron presentes en las escenas del crimen.

La noche del 26 de septiembre, en Iguala se encontraban al rededor de 600 elementos del 27 batallón; esa noche, el personal militar sabía de la llegada de estudiantes desde la tarde, agentes de inteligencia se movilizaron a la caseta de cobro de la entidad.

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La policía federal tuvo un trato displicente y poca atención a los heridos, falta de apoyo a los sobrevivientes que fueron atacados la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014.

Varios sobrevivientes del ataque de Santa Teresa se presentaron en las instalaciones del 27 batallón, siendo rechazados bajo el argumento de que eso “no se encontraba bajo su jurisdicción”.

Al igual que la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su informe recientemente presentado, señala que los estudiantes fueron bajados a la fuerza de un autobús cerca de la carretera hacia Huitzuco, quienes fueron puestos boca abajo sobre la carretera.

Un elemento militar tomó fotografías de estos hechos, elementos que fueron integrados a las carpetas de investigación hasta septiembre de 2015.

Paz señaló que muy poco se pudo ahondar sobre esta linea de investigación por el poco acceso a los elementos implicados.

Sin embargo, el 50% de las solicitudes estaban por cumplirse, no fue sino hasta la segunda semana de abril, cuando se tomaron 65 declaraciones, muchas de ellas solicitados por el GIEI en julio de 2015. Por lo que estos datos no pudieron añadirse al segundo informe.

Claudia Paz reiteró la importancia de los análisis integral de los registros telefónicos de los estudiantes y de policías implicados en los hechos.

“En horas críticas, 7 policías están ubicados en los lugares de los hechos, quienes aparecen en los registros de el cártel ‘Guerreros Unidos’ (…) además mostramos la última comunicación de uno de los estudiantes. Todos los teléfonos fueron destruidos. Sin embargo el grupo pudo demostrar que días después, estuvieron activos en la zona de Igual y de Cocula. Uno de ellos recibió una llamada desde Huitzuco”.

Uno de los teléfonos estuvo activo meses después de los hechos del 26 y 27 de septiembre, lo cual contradice la versión oficial de que los estudiantes hubieran sido asesinados al momento.