Por: Redacción/

La creación de los Sistemas Nacionales Anticorrupción (SNA) y de Transparencia (SNT) respondió a la necesidad de establecer un piso mínimo para que cualquier ciudadano acceder a la información pública que requiera, pudiera exigir procesos reales de rendición de cuentas e involucrase en el combate a la corrupción desde cualquier rincón del país, sostuvo el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Joel Salas Suárez al participar en el Encuentro Nacional Anticorrupción 2018 que se llevó a cabo en Chihuahua, Chihuahua.

“Desde que tuvimos la alternancia en el poder se han venido construyendo una serie de diseños normativos e institucionales para darle las capacidades a la sociedad civil para que controle la forma como se ejerce el poder. Y es cierto, hasta hace tres años generamos estos dos nuevos diseños normativos, el SNT y el SNA, y no fue una concesión, sino una lucha que viene desde hace tiempo para que finalmente tuviésemos una coordinación institucional, pero aún no la hemos puesto a prueba a cabalidad”, apuntó.

Durante su participación en el Panel rendición de cuentas en finanzas públicas, Salas Suárez manifestó que todo cambio presenta siempre una pregunta: ¿continuidad o ruptura? Ante el proceso de transición de gobierno federal que se vive en el país, se requiere que el andamiaje institucional de transparencia y anticorrupción que se ha construido en los últimos tres años tenga continuidad, se fortalezca, se implemente a cabalidad y se evalúe con el objetivo de generar espacios de pluralidad, salir de la lógica de clientelas políticas y construir ciudadanía democrática.

“El gran desafío que se tiene por delante es ¿cómo hacemos para que garantizar continuidad en el diseño institucional que ha permitido tener un pluralismo social en el país? Para ello, la ciudadanía se debe apropiar del SNT y SNA y exigir que estos sistemas estén a la altura de la exigencia ciudadana que fue clara en las urnas”, enfatizó.

El comisionado destacó que con los marcos normativos en materia de transparencia y acceso a la información establecen pisos mínimos para garantizar que los ciudadanos de todo el país accedan a información que le permita detonar procesos reales de rendición de cuentas.

“Sin el entramado institucional que hoy tenemos hubiese sido imposible abrir los archivos del 68, hubiese sido imposible la investigación de la Casa Blanca, hubiese sido imposible haber abierto la averiguación previa de Ayotzinapa, hubiese sido imposible interponer las acciones de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Seguridad Interior”, subrayó.

El comisionado del INAI refirió que sobre los 50 puntos de austeridad que planteó el próximo gobierno federal se podría verificar el cumplimiento, de al menos 36, con la implementación del Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas, las herramientas tecnológicas del INAI “Comisiones Abiertas” y “Transparencia en Publicidad Oficial” y las obligaciones de transparencia asentadas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Con la implementación de estas herramientas la población podría dar seguimiento puntual a las políticas de austeridad. “Es momento de humildad y de prudencia para los servidores públicos. Ante la coyuntura es muy importante evaluar el desempeño de las instituciones, pero también de las personas. Nos tienen que exigir que asumamos cada decisión que tomamos, y en un colegiado eso es fundamental”, finalizó.

El objetivo de este evento se centró en discutir, articular y organizar un movimiento nacional en contra de la corrupción, donde se analizarán los casos más importantes de corrupción en México. Así como la propuesta de acciones concretas para hacer frente a los retos que conlleva combatir y disminuir los riesgos de corrupción en nuestro país.

En el panel también participaron María Marván, Coordinadora del Área de Derecho Electoral y Procesos Democráticos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Guillermo M. Cejudo, Secretario Académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE); Moderó: Héctor Acosta Félix, designado Auditor Superior del Estado de Chihuahua.