Con los elementos de prueba aportados por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en la apelación que interpuso un sujeto acusado de obligar a su pareja a ejercer el sexo servicio y quedarse con el dinero que obtenía a cambio de no vulnerar su integridad física, Magistrados de la Segunda Sala Penal modificaron la pena y le aumentaron los años de cárcel y el pago de multa, por el delito de trata de personas agravado.

En primera instancia, el Juez 22 Penal, con sede en el Reclusorio Preventivo Oriente, impuso una condena de 15 años y tres meses a Arturo Rojas Martínez y a pagar 41 mil 800 pesos por reparación moral; sin embargo, la resolución de la Sala incrementó a 17 años, un mes y 15 días de prisión, una multa por 423 mil 518 pesos y 46 mil 518 pesos por reparación del daño material.

En el toca 878/2015 quedó asentado que en abril de 2011, el sentenciado enganchó a la víctima en inmediaciones de la estación Bellas Artes, del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, invitándola a tomar un café y al cine; pasados los días la llevó a Tenancingo, estado de Tlaxcala, de donde es originario para presentarle a sus familiares y formalizar su supuesta relación de noviazgo.

Durante el tiempo que permanecieron en la entidad, Arturo Rojas le pagó un tratamiento médico y con el argumento de recuperar el dinero que invirtió, en enero de 2013 regresaron al Distrito Federal donde le ordenó que tenía que trabajar como sexoservidora imponiéndole una cuota de cobro, misma que le quitaba con amenazas de golpearla al aprovechar su estado de vulnerabilidad.

Rojas Martínez la trasladó a la estación San Lázaro, donde fue instruida sobre la forma en que debía laborar y si había un operativo tenía que decir que había llegado sola a trabajar.

Arturo fue detenido por elementos de la Policía de Investigación en febrero de 2015, en la esquina de la calle Ramón Guzmán y la avenida Ferrocarril Hidalgo, colonia Pueblo Santiago Atzacoalco, delegación Gustavo A. Madero.

Después que quedó a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía Central de investigación para la Atención del Delito de Trata de Personas, fue consignado ante el impartidor de justicia que lo procesó.

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal garantiza su compromiso de continuar el combate a este delito que afecta la dignidad humana, a fin de mantener la confianza de los habitantes de la capital del país.