Por: María Manuela de la Rosa Aguilar/

Han pasado ya 172 años de la Gesta Heroica de Chapultepec, cuando 6 jóvenes cadetes del Heroico Colegio Militar se inmolaron al intentar defender a México de los invasores norteamericanos, que se habían apoderado ya de Molino del Rey y sólo quedaba el castillo de Chapultepec, sede del Colegio Militar, como último reducto en su camino a la toma de la capital mexicana.

Este noble gesto ha sido hasta la fecha un emblema del fervor patrio que distingue a las fuerzas armadas, que hoy por hoy trabajan incansables desde hace décadas para combatir, ya no a un invasor extranjero, sino al interior del país, a ese usurpador de la libertad de los ciudadanos llamado delincuencia organizada, que se ha ido apoderando del territorio nacional como una plaga indeseable, que ataca no sólo el equilibrio del país, sino que ha carcomido poco a poco a una sociedad cada vez más desintegrada, donde la institución que sustenta la fortaleza del Estado es blanco de todo tipo de agresiones, olvidando que ha sido por más de un siglo baluarte no sólo de la soberanía, sino de la estabilidad nacional.

Y en la confusión creada por ideologías que buscan la manipulación de las masas con fines demagógicos, se soslaya un principio básico, no sólo de la teoría del Estado, sino de elemental sustento jurídico para toda nación: el uso legítimo de la fuerza, que corresponde precisamente al Estado, ya que para su subsistencia es preciso que ostente el poder.

El Estado, que es un órgano social y político que integra a una población dentro de un territorio, que comparte una lengua, una historia y un marco jurídico

El poder del Estado es una fuerza legal de coacción mediante la cual impone un conjunto de principios y leyes, ya que requiere de poder y autoridad en aras del bien público, que persigue el bienestar social general y el desarrollo de una nación.

Por ello, el Estado ostenta el monopolio del uso legítimo de la fuerza, como bien lo definió Max Weber, a fin de garantizar la legalidad y el cumplimiento de las normas impuestas, que permitan la reproducción social y permanencia de dicho Estado, que es el que administra, gobierna y establece las reglas para una convivencia armónica.

En el DOF del 30 de mayo del 2014 se establece que el uso de la fuerza es la utilización de técnicas, tácticas, métodos y armamento que realiza el personal de las fuerzas armadas para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia no agresiva, agresiva o agresiva grave y procede cuando sea inevitable o indispensable para el cumplimiento de la misión que tenga asignada en apoyo a las autoridades civiles

Sin embargo, la realidad es muy distinta, ya que en México la delincuencia organizada se siente con el derecho del uso de la fuerza, del cobro de piso, de decidir sobre la vida y libertad de las personas y sus bienes, en una suplantación de facto sobre el Estado y por encima de un gobierno legítimo, nombrado en un sistema democrático por la mayoría.

Vemos como en redes y desde difusos grupos supuestamente defensores de los derechos humanos se apoya a evidentes delincuentes que agreden en turbas a integrantes de las FAS, que sólo están cumpliendo con su misión en beneficio del país, trabajando calladamente y sin descanso en busca de la paz.

Sólo en este año se han suscitado 126 ataques contra personal de la Secretaría de la Defensa Nacional. Del 2007 a la fecha se han registrado 4,619 agresiones, en donde han perdido la vida 276 militares y han resultado heridos 1,617; incidentes en los que se ha logrado detener a 3,083 presuntos delincuentes.

Pero, ¿que sucede? Que debido a la profunda impunidad generada por la complicidad entre los grupos criminales y autoridades, gracias al inmenso poder económico que tienen los delincuentes, el combate a tantos ilícitos resulta una tarea casi imposible. Y más si tomamos en cuenta que según datos de la ONU, se estima que el crimen organizado transnacional mueve más de 870 miles de millones de dólares anuales, lo que equivale a más del 1.5% del PIB mundial y casi el 7% de las exportaciones en todo el mundo.

No es extraño así, que tengan en su poder armamento de alto calibre y suficientes recursos para comprar todas las voluntades que deseen.

Se calcula que en México por cada arma confiscada 15 siguen circulando y que hay alrededor de 3.6 millones de armas ilegales. Este mercado negro obtiene ganancias por alrededor de 100 millones de dólares. Y cada año ingresan ilegalmente de los Estados Unidos unas 213,000 armas largas, generalmente AR-15 y AK 47.

En esta llamada IV Transformación, la Secretaría de la Defensa emitió el martes 10 de septiembre un comunicado inédito, ya que informó que personal militar o integrantes de la Guardia Nacional actuarán en su legítima defensa cuando sean objeto de una agresión al acudir a un lugar para garantizar la seguridad y la paz, de acuerdo con los principios del uso de la fuerza y su gradualidad, a fin de proteger la seguridad física y la vida de los integrantes de las FAS, con estricto apego al orden jurídico y a los derechos humanos.

La situación de inseguridad en México ha hecho que la sociedad clame con urgencia una actuación más determinante en el combate a la delincuencia organizada, que es un problema de seguridad interior de primer orden y si bien existen muchos grupos pagados por los delincuentes para denunciar en redes supuestos abusos de las FAS, que por cierto nunca son sustentados, sí han tenido una gran efectividad en la opinión pública para generar cortinas de humo y poner en entredicho la actuación de las tropas y para inhibir la efectividad de su actuación.

Las personas que anhelan un México en paz y apegado a derecho, esperan que el Estado Mexicano por fin tome las riendas y asuma sus plenas y legítimas facultades para imponer el orden público, que tanta falta hace para que este país vuelva ser un lugar de convivencia pacífica con certidumbre jurídica y tome el control pleno de su territorio, desarticulando a los diversos grupos criminales y reinsertando a la sociedad a aquellos ciudadanos que obligados o con falsas expectativas, han sido cooptados inexorablemente en esta vorágine de atropellos a los que ha sido sometida la población.

Y que todos esos héroes que calladamente trabajan sin tregua en la búsqueda de la paz, tengan por fin el reconocimiento que merecen, porque no se han ido, están aquí entre nosotros, con casco y botas, sin esperar nada a cambio, más que la sublime recompensa del deber cumplido. No esperemos a que sean inmolados para darles la justa consideración.