Por: Redacción

En el marco de la Estrategia Nacional Antisecuestro, y para consolidar la transparencia de los resultados, se requiere de una estrecha coordinación entre el Gobierno de la República y las organizaciones de la sociedad civil, que genere acciones para hacer frente común al delito de secuestro.

Por ello, se llevó a cabo una reunión encabezada por el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Álvaro Vizcaíno Zamora, y por la coordinadora nacional Antisecuestro, Patricia Bugarín Gutiérrez, con los representantes de las organizaciones México S.O.S., Alto al Secuestro, México Evalúa, Causa Común, Observatorio Nacional Ciudadano y el Consejo Ciudadano de Seguridad, así como de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, de la Procuraduría General de la República y de la Policía Federal.

Durante el encuentro, las autoridades federales explicaron la implementación de un programa integral que, entre sus principales acciones, incluya la elaboración conjunta entre expertos, gobiernos estatales y la sociedad civil de una nueva metodología para el registro y reporte de los delitos y víctimas de secuestro, misma que fue aprobada por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su Sesión XXVIII.

La coordinación de esfuerzos a nivel nacional para la implementación de este instrumento, tiene como objetivo adecuar los sistemas de captura de recopilación de datos en las entidades federativas y la capacitación del personal ministerial para el adecuado registro y reporte de los delitos, así como mejorar la asignación de los fondos federales de seguridad pública (FASP y FORTASEG), se dará a través de la focalización de sus acciones.

Partiendo de un diagnóstico nacional dirigido por el SESNSP, este año se definirán los programas estatales de mediano plazo para la mejora de las capacidades de análisis y estadística.

Durante la reunión, se hizo énfasis en que las cifras que mensualmente reporta el SESNSP se obtienen a través de las averiguaciones previas y/o carpetas de investigación reportadas por las Procuradurías o Fiscalías Generales de los estados a través de sus Unidades Especializadas Contra el Secuestro (UECS), según lo establecido en el Artículo 9 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.

Asimismo, quedó asentado que las denuncias del fuero federal son proporcionadas por la PGR, mismas que desde enero de 2014 se contabilizan por el Sistema para su publicación mensual, al igual que el número de víctimas reportado por las autoridades del fuero común y el fuero federal, lo que permite mayor transparencia y evitar la duplicidad de cifras.

Finalmente, se llegó a acuerdos que permitirán que autoridades y sociedad civil analicen y contrasten las cifras con las que cuentan con el objetivo de evitar confusiones.

Los representantes de la sociedad civil coincidieron en que el principal reto para mejorar la información de las bases de datos se concentra en el fortalecimiento de las entidades federativas, y exhortaron al Secretariado Ejecutivo y a la Conase a continuar con los esfuerzos de mejora.